Más de dos meses de desierto jurídico. Desde el 8 de junio de este año, una aeronave Boeing 747-300 de la empresa venezolana Emtrasur y su tripulación, compuesta por 14 venezolanos y cinco ciudadanos de origen iraní, se encuentran retenidas ilegalmente en suelo argentino en medio de un procedimiento judicial cuyo fundamento se ha evidenciado débil tras las varias rondas de inspecciones y allanamientos tanto a lo interno del avión como sobre los bienes personales, teléfonos móviles y computadoras de la propia tripulación, ordenadas por el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, a mediados del mes de junio.
A más de dos meses de esta situación, la fiscal Cecilia Incardona, responsable de la investigación, no ha obtenido indicios o pruebas de naturaleza criminal que justifiquen una retención tan prolongada, que ha vulnerado derechos humanos básicos de la tripulación como la libertad de movimiento y al trabajo y ha ocasionado un daño patrimonial importante a la empresa Emtrasur, en tanto se ha visto forzada a suspender contratos con otros clientes por tener su aeronave inmovilizada, durante tiempo indefinido, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La escasa fundamentación jurídica para sustentar el caso, la fuerte campaña mediática de perfil estigmatizante contra la tripulación por parte de los medios concentrados de la Argentina, viene confirmando que estamos ante una trama geopolítica con distintos actores e intereses involucrados. Esto ocurre en medio de una reconfiguración del mapa ideológico y de poder latinoamericano, favorable al campo progresista y la izquierda en los últimos procesos electorales, donde se intensifica el declive hegemónico de Estados Unidos en esta estratégica zona del mundo.
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Maquinaciones geopolíticas: la CELAC como objetivo
La presión abierta, ejercida por EE.UU., en pos de incautar el avión mediante un pedido de la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington D.C.) al juez Federico Villena, posteriormente canalizada por el Departamento de Justicia de EE.UU., refleja el interés de la administración Biden de politizar la situación, atacando dos frentes tácticos en un solo movimiento de fuerza: reafirmar el asedio financiero, económico y comercial contra Venezuela, mientras que, al mismo tiempo, busca lesionar el clima de acercamiento armónico y de cooperación en el área multilateral, con centro en la CELAC, que se venía dando entre los presidentes Nicolás Maduro y Alberto Fernández.
La secuencia de eventos alrededor de la captura del avión también ilumina otras zonas explicativas sobre la naturaleza del caso. Justo en medio de la orquestación de un clima comunicacional favorable al secuestro, el presidente Alberto Fernández dio un discurso en la IX Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Los Ángeles, donde criticó las exclusiones de Venezuela, Cuba y Nicaragua y exigió el cese de la política de bloqueos que compromete el desarrollo económico.
El discurso de Fernández fue reconocido por el presidente Nicolás Maduro, calificándolo como “claro” y “valiente”. Días antes de la cita diplomática, el mandatario advirtió que Venezuela estaría bien representada en sus demandas en la voz del presidente argentino durante la Cumbre. En el plano simbólico y discursivo, la situación del avión es un ataque al nervio central del discurso de Fernández: semanas después de condenar el bloqueo a Venezuela, la Justicia autorizó la incautación exigida por EE.UU. por una supuesta violación de sanciones, disciplinándose a la campaña de agresiones económicas.
En enero de 2022, la Argentina fue elegida por aclamación en la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC en Ciudad de México, para ocupar la presidencia pro témpore del organismo, un hecho que reposiciona su liderazgo geopolítico y proyecta al país suramericano como el centro de coordinación de la integración regional, en un entorno donde EE.UU. continúa perdiendo puestos de avanzada para su geopolítica de la dominación, el último de ellos Colombia, con la rotunda victoria presidencial de Gustavo Petro, quien en sus primeros movimientos diplomáticos como presidente ha dado paso sólidos en la recomposición de las relación diplomáticas y comerciales con Venezuela.
Es precisamente en este escenario donde adquiere sentido estratégico fabricar un escándalo jurídico-comunicacional en torno a la aeronave venezolana y sus tripulantes, con la finalidad de comprometer las relaciones bilaterales entre Argentina y Venezuela, precipitando un ambiente de enemistad y animadversión que provoque una ruptura.
Todo parece indicar que el secuestro del Boeing 747-300 de Emtrasur es una herramienta para castigar a Alberto Fernández por su discurso en la IX Cumbre de las Américas y para reducir el margen de maniobra de su gobierno en las tareas básicas de coordinación y articulación de consensos amplios al frente de la CELAC, en la cual Venezuela tiene un rol de relevancia por ser país fundador.
El mar de fondo de la situación: conclusiones
La CELAC, en tanto opción de organización geopolítica, ha venido elevando su proyección internacional (mirando a China y al eje de poder euroasiático centrado en los BRICS), y ello contrasta con el cuadro de irrelevancia y la crisis reputacional que vive actualmente el “sistema interamericano” controlado por EE.UU. a través de la OEA.
En julio pasado, el Gobierno de la Argentina consiguió el respaldo de la República Popular China para adherirse a la alianza de los BRICS, lo cual supone una eventual articulación geoestratégica que limitará el dominio de EE.UU. sobre las importantes reservas de litio del país suramericano, altamente disputadas a medida que el conflicto por la superioridad tecnológica entre Pekín y Washington se profundiza, con su respectiva réplica en los últimos eventos de provocación de Nancy Pelosi en el estrecho de Taiwán.
Justamente, con respecto a la jerarquía que ostenta el litio argentino, recientemente el embajador de EE.UU. en Argentina, Marc Stanley, emitió una declaración injerencista, en el marco de una reunión del Consejo de las Américas, en la cual animó a la oposición a formar una coalición antes de 2023, insinuando que desea ver un cambio de gobierno que retorne a la Argentina a la órbita de influencia de EE.UU.
Esta declaración ocurrió en paralelo a una nueva ofensiva de lawfare contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la cual se intenta proscribirla políticamente de manera definitiva.
Lo que conecta esta maniobra de proscripción con el secuestro del avión venezolano es la instrumentalización política de la Justicia y su alto nivel de sincronización entre política interna y externa, desde la cual se busca ejecutar un golpe multidimensional contra la línea de flotación del gobierno de Alberto Fernández, tanto en su propia estabilidad institucional como en sus prioridades geopolíticas y su relación con Venezuela, empleando para ello a un Poder Judicial sometido que ahora se muestra útil, también, como dispositivo proxy para realinear la política exterior de la Argentina socavando las competencias constitucionales del Ejecutivo.
EE.UU. ve con premura y preocupación un nuevo vuelco regional hacia el campo progresista. Y, esta última maniobra, apunta contra dos países que juntos enterraron el ALCA. El imperio no olvida.
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