AMIA: la verdad, cada día más lejos

Informes de un servicio de inteligencia extranjero o pruebas en el expediente. Ese fue el clivaje de estos días en los que el diario New York Times primero e Infobae (en un falsa primicia mundial) después difundieron partes de un supuesto informe del Mossad, el servicio secreto israelí, sobre los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. El supuesto informe del Mossad no es público: de hecho, sólo lo leyeron los periodistas que firmaron sendas notas y que interpretaron cosas distintas. Para peor: el diario estadounidense, vinculado a los demócratas, enfocó la nota en desligar a Irán de los atentados; el portal argentino, vinculado a las embajadas estadounidense e israelí, se propuso corregir a su par yanki. Un lector no demasiado sagaz ya cae en la cuenta de que hubo una interna entre sectores de los servicios de inteligencia que tanto embarraron estas investigaciones a lo largo de tres décadas y sus aportes para encontrar la verdad sobre los atentados es inversamente proporcional a los desvíos que provocaron en las pesquisas en función de los intereses geopolíticos circunstanciales de sus países.

Antes de empezar: ¿está confirmada en las causas la responsabilidad de Irán en los atentados? No. ¿La de otros, como Siria? Tampoco. La investigación por el atentado a la Embajada de Israel, del que pasaron 30 años, está en manos de la Corte Suprema. Nunca se dilucidó y generó uno de los mayores papelones de la historia judicial argentina cuando, en la apertura del año judicial de 2015, Ricardo Lorenzetti aseguró erróneamente que era “cosa juzgada”. Falso. No se sabe nada.

La investigación por el atentado a la AMIA primero estuvo en manos del juez Juan José Galeano, hoy condenado por desviarla. Luego pasó por las manos de Claudio Bonadio, que la cajoneó 5 años pero murió impune. Finalmente la tuvo el juez Rodolfo Canicoba Corral, que la delegó en el fiscal Alberto Nisman, que trabajaba con los fiscales Mullen y Barbaccia pero zafó de ser enjuiciado por el encubrimiento. Nisman tuvo durante 10 años una unidad fiscal con presupuesto récord y una sola tarea: la causa AMIA. No aportó un sólo dato. Se limitó a seguir la senda que le marcaba la SIDE, a direccionar todo en función de informes del servicio de inteligencia argentino, que era en realidad la polea de transmisión local del Mossad y la CIA. Esos informes siempre apuntaron a Irán, pese a que no tenían realmente pruebas. Ahora el Mossad, de repente, hace circular un supuesto nuevo informe.

En su nota en el New York Times Ronen Bergman escribió, textual, que “la investigación del Mossad encontró que Irán no estuvo involucrado en la realización de los ataques o en proveer asistencia”. Incluía a los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. En su falsa primicia mundial en Infobae Román Lejtman dijo que el mismo informe del Mossad se titula “Irán-Líbano/Hezbollah/ESO/ Yihad Islámica–Atentado a la Embajada de Israel” aunque luego incluye en varios pasajes de la nota el atentado a la AMIA entre paréntesis. No queda claro nunca si hablan de los dos atentados o de uno. Lejtman dice que el Mossad concluyó que “el régimen iraní y la organización Hezbollah a través de Yihad Islámica son los responsables únicos del atentado”, en singular. Un “elige tu propio informe del Mossad” donde todos los finales son macabros: la verdad nunca se sabe y las familias de los muertos son víctimas de una nueva operación de inteligencia canalizada a través de ciertos medios.

En el caso del atentado a la AMIA hay pruebas que constan en el expediente. Pruebas, no supuestos informes del Mossad con conclusiones basada en vaya a saber qué, publicadas por dos medios cuyos periodistas parecen haber leído textos distintos.

¿Qué pruebas hay en el expediente del atentado a la AMIA que desmienten esta nueva operación?

En la foja 112.042 del expediente consta un cable con fecha del 19 de julio de 1994, al día siguiente del atentado. Llegó a las 2.50 de la mañana argentina, a menos de 24 horas del atentado. Lo firmó el entonces embajador argentino en Israel, José María Valentín Otegui, e iba dirigido al canciller Guido Di Tella. La prioridad era “Muy urgente”, la naturaleza “Requiere acción”, la clasificación “Exclusivo”.

El embajador Otegui ya le había anticipado a Di Tella el contenido del cable por teléfono. En el cable le contaba que ya estaba en vuelo un avión de la fuerza aérea israelí con destino a Buenos Aires y que traía a bordo a Dov Schmorak, subsecretario de asuntos latinoamericanos de la cancillería de Israel que había sido embajador en Argentina entre 1980 y 1985. Que Schmorak era un “hombre de relación personal y directa con el primer ministro Rabin” y que “ha sido designado para entrevistarse con el nivel más alto posible de nuestro gobierno”. Detallaba que el enviado Schmorak le pidió una entrevista con el canciller Di Tella y el presidente Carlos Menem y le expresó que:

1. Schmorak estaba autorizado a ir con Menem al programa de Bernardo Neustadt
2. Que “para el gobierno Israel es importante coordinar con el nuestra una versión coincidente del atentado”. Alegaba que eso era principalmente por el impacto que tendrá la “manera de presentar la cuestión ante la opinión pública israelí dado que partidos oposición y algunos medios prensa están utilizando el hecho para atacar duramente política de paz gobierno Rabin”
3. Que el gobierno de Israel no tenía ninguna queja sobre la manera en que el gobierno de Menem estaba manejando el tema, que el objetido de la entrevista era “coordinar interpretación del atentado efectos presentar a la prensa -inmediatamente después del encuentro- una versión unificada de lo ocurrido”.

Desde un inicio la investigación estuvo viciada por este acuerdo entre Menem y Rabin.

El 9 de agosto de 1994, en uno de sus primeros escritos, el juez Juan José Galeano reconoció la existencia de esa negociación entre Menem e Israel. Escribió que sin su intervención “el Presidente de la Nación Argentina y el Primer Ministro Israelí acordaron el envío de una fuerza especial de rescate”, que entonces “arribaron al país técnicos israelíes y norteamericanos” y que el equipo israelí “estaba compuesto por 40 hombres al mando del general Livne y el Director General de la Cancillería de aquel país Schmorack”. Este cable, sin embargo, recién fue entregado a los familiares de las víctimas y aportado a la causa en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando el entonces encargado de la Unidada Especial de Investigación del atentado Alejandro Rúa lo encontró.

¿Por qué Israel quería coordinar con Argentina una “versión coincidente” del atentado? ¿Y por qué eso sería de interés para Menem? Cada cuál tuvo sus motivos. En esos tiempos Israel negociaba un acuerdo de pazo con Siria, presidida por Hafez Al Assad. Tenían el apoyo de Estados Unidos, gobernado por Bill Clinton. No era conveniente involucrar a Siria en el atentado. Para Menem la cuestión era mucho más doméstica: su origen era sirio y mantenía un vínculo con ese país. Horacio Verbitsky publicó que “en 1988, luego de derrotar a Antonio Cafiero en los comicios internos del justicialismo, Menem viajó una vez más a Siria, y se reunió con el presidente Hafez El Assad”.

“Entre las líneas que la investigación judicial no profundizó hay una que concierne en forma cercana al ex presidente. Un primo del presidente sirio El Hassad y otras dos personas fueron detenidos después del atentado en un edificio de departamentos de la calle Cochabamba. En ese mismo edificio estaba el departamento que durante sus años de gobernador de La Rioja utilizaba Carlos Menem en sus frecuentes visitas a Buenos Aires y en el que se reunía con Alfredo Yabrán. Los tres fueron liberados luego de una reunión de Menem con el juez Galeano”, reveló también Verbitsky. La pista conducía a Alberto Kanoore Edul, empresario textil que tenía amistad con Menem.

Ese cable que, vale repetir, existe y consta en el expediente. Lo que el cable anticipaba sucedió: Schmorak se reunió con Menem y dieron una conferencia de prensa donde afirmaron que el atentado se planificó fuera del país pero que hubo apoyo local.

No nombraron a Irán en la conferencia de prensa. De eso se encargó al día siguiente Schmorak en una entrevista con Clarín, donde dijo: “Posiblemente, el número uno en la lista de sospechados es Irán. Hay organizaciones fundamentalistas islámicas inspiradas por Irán, financiadas por Irán, entrenadas por Irán, pero que no son iraníes, como Hezbollah, en el Líbano”. Insistió a su vez en la participación local.  

“Hipótesis de los servicios” puso Clarín en su tapa del 22 de julio, a 4 días del atentado, al titular que “unos diez terroristas dieron apoyo local” y que eso lo afirmaban “argentinos e israelíes”. Este ya es un punto donde difieren con el supuesto nuevo informe del Mossad en el cuál, según Infobae, “no hubo participación alguna de ciudadanos argentinos en el atentado contra la embajada de Israel”. ¿Porque cambiaron de postura?

Esa “participación local” fue una de las claves del encubrimiento del atentado. El entonces juez Galeano, hoy condenado, dirigió la investigación hacia la denominada “conexión local”. Varias semanas después del atentado a la AMIA el único avance del juez Galeano era la detención de Carlos Telleldín, un oscuro personaje que en 1994 se dedicaba a reducir y revender autos. Fue el último poseedor de la Traffic presuntamente utilizada para el atentado a la AMIA. En base a una declaración de Telleldín, abonada con 400.000 dólares que aportó la SIDE menemista, el juez Galeano detuvo a un grupo de policías bonaerenses encabezados por Juan José Ribelli. Los acusó de ser la conexión local del atentado y los envió a juicio oral junto a Telleldín. El mismo día que los envió a juicio, el 26 de febrero del 2000, el juez Galeano dispuso la falta de mérito para Alberto Kanoore Edul, centro de la pista siria de la investigación.

Lo que consta en el expediente y en la investigación por el encubrimiento del atentado a la AMIA es que a menos de dos semanas del ataque los investigadores contaban elementos que apuntaban a Kanoore Edul. También que fue la SIDE la que a través de diversos informes que acercaba a Galeano la que desvió la pesquisa hacia Irán. El 5 de marzo de 2003 Galeano dio por acreditada la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA. Hacía mención a un informe de la SIDE que “contiene la valoración efectuada por el Director de Operaciones (Antonio Stiuso) a partir de datos existentes en la causa y de la incorporación de otros obtenidos por el organismo” y que decía que “el ataque terrorista contra la sede de A.M.I.A./D.A.I.A. tuvo lugar gracias a una red de inteligencia articulada por elementos radicalizados del régimen imperante en la República
Islámica de Irán aquí asentados”.

Hubo otro “Informe Ampliatorio presentado por el Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Ing. Antonio Stiuso” que está entre las fojas 106.776 y 107.087 del expediente y que los fiscales Eamon Mullen, Juan José Barbaccia y Alberto Nisman usaron para pedirle a Galeano más declaraciones y detenciones. Galeano, Mullen y Barbaccia fueron condenados por encubrir la investigación del atentado; Nisman terminó a cargo de la unidad AMIA, cuya única tarea era la  investigación del mismo atentado que ayudó a tapar y donde estuvo 10 años trabajando con a misma dinámica: como un títere de los informes que le enviaba Stiuso desde la SIDE.

En la causa por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA consta que “durante el curso de la investigación se supo que las Autoridades y la Policía Argentina fabricaron y ocultaron evidencia”, que “durante el curso de la investigación, el juez Galeano fue acusado de conducta inapropiada, incluyendo haber participado de los sobornos del principal acusado, el Sr. Telleldín”, que “los funcionarios superiores de la SIDE confirmaron que el juez Galeano dio orden de pago de un soborno de US$ 400.000,00 al Sr. Telleldin para involucrar a otros en el atentado”, que  “en marzo de 2003, el juez Galeano emitió un informe en el cual manifestó la participación iraní en el atentado”, que “en agosto de 2003 sin obtener cualquier otra evidencia, el juez Galeano decidió emitir órdenes de arresto en el ámbito nacional e internacional contra el Sr. Soleimanpour, Sr. Asghari, Sr. Tabrizi, Sr. Amiri, Sr. Arabi, Sr. Alamolhoda, Sr. Monzavizadeh y el Sr. Baghban” y que “por este motivo, el juez Galeano fue removido de la investigación en diciembre de 2003”

¿Como quedó afuera la pista siria? En la elevación a juicio de los acusados por encubrir la investigación del atentado quedó demostrado que en los primeros días post ataque a la AMIA ya había indicios que apuntaban a Kanoore Edul, pero que el accionar de la SIDE menemista encabezada por Hugo Anzorreguy y de sus subalternos como el “Fino” Palacios y otros desviaron el caso. Y que el 1 de agosto de 1994, cuando tenía que allanarse un domicilio y detenerse a Kanoore Edul, éste visitó la Casa Rosada para pedir que no se siguiera la investigación. Munir Menem, hermano del entonces presidente, le indicó a Galeano que abandonaran la línea investigativa que apuntaba a la familia Kanoore Edul.

En el libro “Mossad: la historia secreta”, Thomas Gordon relata que en 1992 el canciller israelí Simon Peres declaró públicamente que “sabemos màs o menos quien voló nuestra embajada”. Gordon agrega que Peres “se negó a dar explicaciones con el pretexto de que la investigación no había concluido. También cuenta que el embajador de Israel al momento del atentado, Itzhak Shefi, que salvó su vida de milagro ya que su hija lo convenció de que el día del atentado almorzara en su casa, insistía en que “no sólo Irán estaba detrás de lo sucedido sino que también Siria estaba implicada. Tàcitamente apuntaba a que el presidente Menem debía responder algunas preguntas. Menem elevó una protesta ante Shimon Peres. Shefi fue llamado ‘a consulta’. Siria ya no era el archivillano de Israel”.

¿Eso habían acordado Menem y el enviado Schmorak? ¿Hay pruebas de que fuera Siria? De nuevo, no. Había 2 pistas, una iraní y la otra siria. Se descartó la segunda sin justificación y nunca se encontraron pruebas que confirmen la primera.

El juicio a los policías bonaerenses fue una puesta en escena. En diciembre de 2003 el propio Galeano fue apartado de la causa AMIA. El 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal N 3 declaró nula toda la causa y absolvió a los policías bonaerenses y a Telleldín. El tribunal determinó que el Estado actuó para desviar la investigación por el atentado a la AMIA y ordenó investigar a Galeano, al entonces ministro del Interios Carlos Corach, a Menem y al comisario Jorge “el Fino” Palacios, entre otros.

El caso del “Fino” Palacios abre una línea que muestra, de nuevo, la imposibilidad de tener al Mossad como fuente fiable en lo vinculado a la AMIA. En 2010, cuando era jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri nombró al “Fino” Palacios a cargo de la novel Policía Metropolitana. En una charla debate convocada por la Sociedad Hebraica Argentina y la Agencia Judía de Noticias contó como lo decidió. Relató que en 2002, cuando comenzaba a armar sus equipos de gobierno, había consultado a la CIA, el FBI, la DEA y el Mossad para que le recomendaran a alguien para poner en la policía. Dijo que hablaron con la Embajada de Estados Unidos y la de Israel y que “los dos, sin que se hablaran entre ellos (SIC), recomendaron una sola persona. Y esa persona fue el Fino Palacios”. Se puede reconocer que en 2002 aún se desconocía el rol del “Fino” Palacios en el encubrimiento del atentado a la AMIA, pero no en 2010. Y que el Mossad e Israel se lo recomendaran habla mucho de la confianza que se puede tener en su búsqueda de la verdad respecto de los atentados.

¿Por qué creer que ahora el Mossad tiene algo que aportar cuando fue parte de todo este desvío?

“La causa AMIA necesita más pruebas judiciales y menos informes de inteligencia”, reclamaron familiares de las víctimas cuando se conoció esta nueva operación. Clarito.