Blindado con la libertad de expresión

“Y no le busquemos la dialéctica, es hoy, Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina (…)  Y hay que decirlo, si Cristina sigue en la Argentina, la Argentina se termina”, dijo el periodista Baby Etchecopar el 20 de junio de 2020 en el prime time de Canal 13, durante el programa de Mirtha Legrand.  

Las expresiones violentas del conductor televisivo, que concluyeron que Argentina va a salir adelante cuando Cristina no esté más, habían sido precedidas a lo largo de años por habituales ataques a colectivos de mujeres y diversos sectores vulnerables. En esta nueva ocasión, su discurso estigmatizante motivó la presentación de numerosas denuncias por parte de diputadas, senadoras y particulares ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Estos reclamos se sumaron a decenas de presentaciones anteriores por ataques misóginos, contra minorías sexuales y contra diversos integrantes de agrupaciones o colectivos populares. Expresiones que anteriormente incluso derivaron en actuaciones judiciales y una suspensión de juicio a prueba con el compromiso del denunciado de brindar durante cinco (5) meses, una vez por semana, un espacio al aire para spots feministas realizados por la Defensoría del Público, en el programa radial “El Ángel del Mediodía” que se emitía por Radio 10, en un expediente caratulado “ETCHECOPAR, ÁNGEL P s/infracción art. 3º -organización propaganda discriminatoria –Ley Nº 23.592 (penalización de actos discriminatorios)”.

Ahora, la periodista Miriam Lewin acababa de ser nombrada titular del organismo por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional,  luego de un largo período de intervención y acefalía durante el macrismo. La Defensoría fue creada por la “Ley de Medios” en el año 2009 y comenzó a funcionar en el 2012, teniendo como principal función salvaguardar el derecho humano a la comunicación reconocido en convenciones internacionales, con las audiencias consideradas ya no como un ente pasivo,  sino como titulares primordiales de ese derecho humano.  Y con la obligación de las emisoras de realizar comunicaciones respetuosas, no vulneratorias de derechos,  en el marco del estado de derecho democrático.

Ante la repercusión de las expresiones del conductor televisivo que catalogaba a Cristina como una enfermedad horrible a la que se debe extirpar, la nueva defensora fue consultada en una entrevista radial: Rápidamente, algunos medios y sus referentes periodísticos señalaron a Miriam Lewin como censora, y como punta de lanza de una supuesta inminente campaña oficial de “persecución” a periodistas. 

Esa misma noche de julio 2020, el referido Etchecopar dedicó buena parte de su programa televisivo “Basta Baby” a denostar una y otra vez a la defensora, tras lo cual gesticulando pidió: “escríbanle a Miriam Lewin, así aprende a respetar la libertad de expresión” .    

De inmediato, Lewin comenzó a recibir gran cantidad de insultos y mensajes amenazantes, intimidantes y discriminatorios, principalmente en su muro de Facebook. Otros la compararon con jerarcas nazis. El periodista Eduardo Feinmann, en un tuit la parangonó con Hitler. Entre las agresiones padecidas y la amenaza de que “matarla es poco!!!”, el discurso de odio antisemita se expresó explícito y con toda virulencia en mensajes en sus redes sociales  (“lo peor que cara de judía, tenés” con un emoticón de vómito; “una duchita con ziklon B no te vendría mal”) . 

Fue radicada una denuncia ante una fiscalía de C.A.B.A. supuestamente especializada en actos discriminatorios. Pero la fiscal Mariela Paola de Minicis dispuso el archivo de las actuaciones, sosteniendo que como Miriam Lewin se pudo expresar como comunicadora, “si bien la denunciante manifestó sentirse discriminada por su condición de judía, y si bien los dichos expresados en los mensajes a los que hizo referencia en el marco de la denuncia contienen frases repudiables y de mal gusto que bien podrían herir la dignidad de la persona” (podrían, dice), “reprochar esa libertad de expresión a quienes piensan de otra manera (…) implicaría censurar un pensamiento diferente” (SIC).

El “pensamiento diferente” al que aludió la fiscal de CABA consistió en proponer en el muro de la periodista “matarla”  y, en clara alusión a su origen, “una duchita con ziklon B”. El “zyklon B” fue el nombre comercial de la sustancia con la que el régimen genocida encabezado por Hitler asesinó en cámaras de gas a cientos de miles de hombres,  mujeres y niños por su sola pertenencia u origen judío.  

Cabe además recordar que Miriam Lewin es sobreviviente de centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar argentina. Luego de una apelación y de superar un nuevo intento de archivo por parte de la fiscal (esta vez por pretendida “falta de pruebas”), la causa finalmente avanzó contra el agresor del zyklon B, con el dictado de una “probation” por la cual debe concurrir a visitas al Museo del Holocausto y al Centro Ana Frank, así como publicar en su muro de Facebook un repudio a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen nazi. Pero las y los instigadores siguieron esparciendo discursos estigmatizantes en horario central. 

En octubre de 2020, la Defensoría del Público anunció el propósito de lanzar una línea de trabajo, proyectada como respuesta a muchos reclamos de las audiencias y bautizada como “Nodio”, centrada en el estudio de la proliferación de mensajes cargados de violencia. odio y desinformación en redes sociales y en medios. "En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física", sostuvo Miriam Lewin.

Ante ello, diputadxs de “Juntos por el Cambio” encabezados por Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Graciela Ocaña, en nombre de la “libertad de expresión” amenazada, impulsaron una denuncia penal en la Justicia Federal contra Miriam Lewin, entrañando la posibilidad de pena privativa de la libertad.  Lo hicieron con el patrocinio letrado de los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Avila,  los mismos que fueron contratados injustificadamente como “asesores externos” de AFIP por el gobierno de Macri,  y que actuaron impulsando la querella contra Cristina Kirchner por “encubrimiento y traición a la patria” por el memorándum con Irán.  

En lugar de acudir a un pedido de informes, o a algún recurso administrativo, optaron por el amedrentamiento penal en los tribunales de Comodoro Py. Munición gruesa para cuidar la intangibilidad de las herramientas de los impulsores de las campañas de estigmatización. A la denuncia en trámite se subió de inmediato el fiscal Carlos Stornelli (en actividad pese a estar procesado por espionaje ilegal),  quien con una prosa tan encendida como bizarra pidió medidas cautelares y el llamado a indagatoria de Lewin (!). En aquel momento, se desconocían los vínculos de los hijos del fiscal con un hijo de Ximena Tezanos Pinto, la ultraderechista vecina de Cristina Kirchner que además de colgar banderas contra ella y liderar demostraciones extremistas,  anudó vínculos personales con integrantes de la red odiante neonazi que desea asesinar a la Vicepresidenta.  

La Jueza Federal María Eugenia Capuchetti desestimó en marzo 2021 la temeraria denuncia contra Miriam Lewin y rechazó de plano las acusaciones en su contra. Destacando que “el derecho de libertad de expresión no es absoluto” y consignando la legítima preocupación internacional “por las acciones deliberadas de desinformación que se llevan a cabo a través de los medios digitales, especialmente en época de elecciones”. 

Hasta el dictado del sobreseimiento a Miriam Lewin por parte de la jueza Capuchetti transcurrieron largos meses en los que la amenaza punitiva impulsada por el fiscal Stornelli y diputadxs de Juntos por el Cambio pendió sobre la titular de la Defensoría del Público,  por osar evidenciar el grave problema de las campañas de odio, desinformación y violencia, que amenazan la vida democrática.

Un año y medio después, la jueza que rechazó el faccioso pedido de prisión contra Miriam Lewin debe ahora investigar el resultado de las campañas de odio cuidadas y estimuladas por la derecha: el fallido intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.