La pregunta sobre cómo El Destape accedió a los registros de accesos a la quinta de Olivos que lleva la Casa Militar es válida. Y vamos a responderla para que no exista lugar para sospechas ni acusaciones contra nadie por una filtración que no existió. La respuesta es simple y está documentada: accedimos a esas planillas donde constan las reuniones que mantenía Mauricio Macri en Olivos por un pedido de acceso a la información pública según establece la ley 27.275.
Y desde ya una aclaración: las planillas son eso, nombres, ingresos, salidas. Más de 7.000 archivos. Sobre eso hubo un riguroso trabajo periodístico de entrecruzamiento de datos, chequeo de fechas, confrontación con fallos judiciales, con publicaciones en la prensa. La información en sí misma no dice nada, el trabajo periodístico es lo que permite establecer relaciones y comprender su profunda importancia.
Es ese trabajo periodístico el que revela que el lawfare, que la persecución mediático judicial, no es una teoría conspirativa. Hay datos, hechos y documentos que la comprueban. Estos que conseguimos, analizamos y publicamos junto a Roberto Navarro y Franco Mizrahi son una pieza fundamental.
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Respecto a los documentos, los solicité por la ley 27.275, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Establece que cualquier ciudadano puede solicitar información al Estado y debe poder acceder con de forma transparente, rápida, gratis y sin ningún formalismo.
La cronología y los documentos son los siguientes.
Desde hacia varias semanas que en El Destape publicamos varias notas sobre las visitas de jueces y fiscales a la Casa Rosada. Entre ellos el procesado Carlos Stornelli y la jueza del caso Correo Maria Lilia Gómez Alonso. El 9 de febrero Franco Mizrahi publicó que Gustavo Hornos, presidente de la Cámara de Casación, visitó al menos 5 veces a Macri en Casa de Gobierno.
Todo surgía de la planilla de accesos a la Casa de Gobierno, un documento público. Pensé entonces que debería existir uno igual sobre la residencia presidencial de Olivos. Recordé también que se hizo público el registro de ingresos a la quinta de Olivos durante el Gobierno de CFK y debería ser igual con el de Macri.
El jueves 11 de febrero realicé un pedido de acceso a la información pública a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD). Aquí el pedido, que como podrán leer carece de cualquier formalidad. Simplemente, como establece la ley, solicité “planillas de acceso y egreso de la Quinta Presidencial de Olivos en el período 10-12-2015 al 11-12-2019”.
Ese pedido generó un expediente, que puede seguirse y que cumple con todos los pasos que marca la ley.
La ley establece que el Estado debe contestar en un plazo no mayor a 15 días hábiles y, en su artículo 11, habilita que la dependencia estatal pida una prórroga de 15 días hábiles más. Y eso hizo la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Presidencia, como consta en este documento:
Finalmente el martes 30 de marzo fui notificado de que tenía a disposición la información publica solicitada solo que debía retirarla en formato CD ya que se trataba de más de 7.000 archivos y no era posible el envío digital. Así lo hice y el miércoles 31 retiré el CD y firmé la recepción en el expediente que se generó según establece la ley.
Quedó asentado en el expediente la entrega del material, como muestra el siguiente documento.
Ni filtraciones, ni amiguismos, ni salidas a correr por Palermo. Una ley de Acceso a la Información Pública y mucho, mucho trabajo periodístico encima.
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