El golpismo empresarial de 1975 y el último editorial de La Nación

No es un hábito de esta columna la intervención crítica respecto de textos emblemáticos de los grandes grupos económicos dueños de los más poderosos medios de comunicación de la Argentina. Esa regla será rota a causa de la extraordinaria ejemplaridad de la editorial del diario La Nación del último 24 de enero cuyo título adelanta y resume todo su contenido: se llama “Quienes cometen delito no son presos políticos, son delincuentes”. El texto no es, ciertamente, una novedad respecto de la tradición ni de la actual posición ideológico- política del diario. Lo que me estremeció de su lectura fue el tono. Trasluce un especial estremecimiento vinculada a la actual realidad política argentina. Una serie de acciones y movilizaciones en reclamo de la libertad y el juicio justo a las víctimas del fraude judicial aliado a Macri y a los medios de comunicación dominantes, son tomadas como si fueran el anuncio del apocalipsis. 

    Aquí se puede hacer un corte. Mi experiencia al encontrarme con el texto fue la de un regreso en el túnel del tiempo. Reapareció de modo vívido el momento en el que surgía una agrupación que se llamó Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGÉ). Para no entrar en detalle era algo así como lo que ahora se llama Foro de Convergencia Empresaria, es decir los grupos más poderosos de la economía argentina que habían alcanzado un grado de concentración de muy inferior al que tienen hoy después de varias oleadas de políticas contra las pequeñas y medianas empresas y de alianzas entre el poder del estado y ese tipo de grandes grupos económicos. Sin embargo, el tono escandaloso y provocativo acerca a la solicitada con la que se dio a conocer esa agrupación con ésta a la que se refiere la columna. Hay que decir que la Apegé se formó unos pocos meses antes del golpe de estado de 1976 y duró hasta unos pocos meses después de su triunfo. Es decir que nadie se puede ofender si se afirma que la “asamblea” del caso no era sino la puesta en escena de la coalición que gobernó durante los años de la dictadura más terrorista que registra nuestra historia. El ministro de economía emblemático del terrorismo neoliberal fue José Alfredo Martínez de Hoz que accedió a ese lugar desde la condición de presidente de la Sociedad Rural. Estamos hablando de lo que se llama en lenguaje gramsciano, un bloque político-social. 

    Y la editorial de La Nación de hace unos días reproduce de modo exacto la misma perspectiva histórica de los pronunciamientos de aquel agrupamiento en las vísperas del último golpe de estado en nuestro país. Dice refiriéndose a quienes se movilizaron al palacio de Tribunales, exigiendo la libertad de los presos políticos “Las imágenes trasuntaron la patética actuación de quienes pretendieron enlodar la labor judicial y desparramando decenas de bolsas de basura, lejos de autopercibirse ellos mismos como la suciedad que nos corroe como sociedad cuando se pretende pisotear el sistema republicano”. (El resaltado pertenece al autor de esta nota). Es decir, La Nación trata a un amplio sector de la sociedad que repudia el actual estado de cosas en términos judiciales como “la suciedad que nos corroe”. Y ese tono recorre todo el texto de la editorial, como cuando califica de “aberrante apología del delito” la solicitada en reclamo de la libertad de Amado Boudou que apareció hace un par de semanas en este periódico web y en el diario Página12 y fuera firmado por miles de personas, entre ellos destacadas personalidades de la política, la cultura, la defensa de los derechos humanos, el sindicalismo, el feminismo y otros movimientos sociales. Como broche de oro, aparece la referencia a un artículo de Antonio Montamat, en el mismo diario, cuyo título ahorra comentarios “No habrá consensos básicos con mandatos populistas”. No se dice cuál es el remedio de La Nación para las situaciones en las que “los populistas” ganan las elecciones. Pero la experiencia histórica argentina, incluida a la que acabamos de hacer referencia en este artículo parece ser bastante clara al respecto. 

    El actual gobierno está signado por un intento de desarrollar una experiencia política opuesta a la desastrosa experiencia macrista. Fue Cristina Kirchner la que, al anunciar la fórmula presidencial, dejó claro que no se intentaba repetir la experiencia de los gobierno de ella y de Néstor Kirchner sino proponer una ampliación no solamente de la base de sustentación electoral sino también del apoyo al gobierno. Fue la propia Cristina la que, al referirse a la cuestión del carácter bimonetario, sostuvo que eso no podía revertirse sin un diálogo entre sectores políticos, económicos, sociales y mediáticos (palabra esta última que significa una mano tendida hacia cierto grupo económico que suele confundir sus intereses con los del país). 

    ¿Es la editorial que aquí se comenta la respuesta definitiva a la propuesta de diálogo? En política no hay nada definitivo, pero hay que decir que los meses de gobierno de Alberto Fernández han sido una suerte de “desarme unilateral”. Es decir, desde el gobierno se propone el diálogo y la concertación y desde el poder corporativo se contesta con el sistemático rechazo a cualquier forma de contribución a la salida de la gravísima crisis en la que vivimos que signifique una postergación del ritmo de aumento de su cuota de ganancia. Que es un modo de decir, de su acumulación incesante de poder, desde aquel final golpista de 1975. Sin romper el frente de los herederos de la APEGÉ, no hay forma de asegurar un futuro democrático y pacífico para nuestra patria. La forma de romper ese frente es un misterio que solamente la política podrá develar. Lo que está quedando todos los días en claro es que el “desarme unilateral” no es esa forma. Por ese camino se fortalece a la APEGÉ de hoy y se debilita el gobierno.