Del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024, acontecerá la 16ª sesión de la COP. En esta oportunidad la Colombia de Gustavo Petro será quien dé la bienvenida, en la ciudad de Cali, a referentes mundiales para discutir sobre la realidad ambiental actual y la importancia del cuidado de la biodiversidad.
La COP 16 sucede en medio de la catástrofe que atraviesa la región, luego de un mes en el que varios países debieron enfrentar pérdidas de miles de hectáreas por los incendios descontrolados.
A su vez, el encuentro ocurre sobre un complejo escenario local, que incluye conflictos internos con fracciones de las FARC; la denuncia por parte del presidente de un intento de golpe de estado y la demanda de sectores indígenas y campesinos de ser incluidos como actores en el diálogo por la preservación de los territorios que habitan. Así la COP16 se presenta como un desafío político para el presidente de uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y que, desde su llegada al gobierno ha demostrado la intención de jugar un rol protagónico en las discusiones sobre la acción climática.
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La Conferencia de las Partes (COP), de las Naciones Unidas es la principal instancia de nivel internacional habilitada para la discusión y negociación sobre el Convenio de las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica (CDB). Su objetivo es detener y revertir la pérdida de la biodiversidad mundial para 2030.
La edición 16 tendrá el lema “Paz con la Naturaleza”. Se espera que representantes de 196 países se encuentren para discutir y tomar decisiones sobre cómo proteger el ambiente y abordar la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal para la Biodiversidad que fue adoptado en la anterior edición en 2022, realizada en China y Canadá.
Colombia, es un territorio con aguas en casi el 9% del 1.141.748 km² de superficie y uno de los 30 más poblados del mundo. Las razones de la elección de este país como la sede de la COP16 incluyen el hecho de ser uno de los diecisiete países megadiversos del mundo, con más de 60 mil especies registradas. Este país sudemericano alberga el 10% de la biodiversidad global en su territorio continental y marítimo.
Susana Muhamad, ministra colombiana de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicó el lunes 14 de octubre que 14 jefes de Estado, más de 100 ministros de Ambiente y 18.000 personas acreditadas participarán de la COP 16 para “lograr un acuerdo histórico para la biodiversidad”.
Algunos de los confirmados para asistir al encuentro son: António Guterres, el secretario general de Naciones Unidas; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Xiomara Castro, presidenta de Honduras; Dina Boluarte, presidenta del Perú. Así también participaran Fritz Bélizaire, el primer ministro de transición de Haití; Nana Akufo-Addo, presidente de Ghana; Umaro Sissoco Embaló, presidente de Guinea-Bisáu; Chan Santokhi, presidente de Surinam y Filipe Nyusi, presidente de Mozambique, entre otros.
“Desde hoy, somos el epicentro de las negociaciones más importantes para la conservación de nuestro planeta” dijo Muhamad.
Mientras tanto actores sociales como la organización Vía Campesina ya informaron que se movilizarán para hacer oír su voz ante la COP16.
En la escena internacional el trabajo de la misión colombiana ha destacado por sus propuestas. Durante la Coop 27, en 2022, la primera Cumbre climática a la que asistió el gobierno de Petro, la delegación colombiana jugó un destacado rol en la promoción de un fondo de daños y pérdidas para compensar los efectos de la crisis climática en los países emergentes, que sobresalió como uno de los principales logros de esta cumbre.
Al año siguiente, en la Coop 28, se establecieron los montos que los países adherentes deberían aportar a tal fondo, algo que como en el caso de otros acuerdos similares no se ha concretado aún.
En una apuesta desafiante para su economía Colombia ha ingresado también como único país continental y como el mayor productor de combustibles fósiles al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, promovido por los países del Caribe que más sufren las consecuencias del cambio climático. Sin embargo aún no se ha fijado la fecha exacta en la que las partes suspenderán por completo la explotación y la utilización de este recurso. La propuesta que fue impulsada también en le cumbre amazónica es resistida por el gobierno de de Brasil.
La voz colombiana en el mundo de los consensos respecto de las acciones por el clima, ha puesto en cuestión el sistema financiero, dando relevancia a la necesidad de lograr un alivio fiscal a los países emergentes y a promoción de la inversión en acción climática por parte de las economías más dinámicas y contaminantes.
Las organizaciones campesinas aglutinadas en la Vía Campesina, por su parte, emitieron el 14 de octubre una declaración en la que señalan al modelo extractivista y al sistema agroalimentario como responsables de la pérdida de la Biodiversidad y desconfían de las políticas compensatorias o de sectorización de la preservación de zonas. El denuncia el “acaparamiento de tierras y océanos, especialmente en el marco de iniciativas como el “30 por 30”, que busca destinar el 30% del área de conservación de cada país para el 2030”. De acuerdo con la Vía Campesina “estas políticas han sido aprovechadas por los intereses corporativos para profundizar el despojo a nombre de “la ciencia y el clima”. Además “La creación de “compensaciones” o “créditos de biodiversidad”, como “soluciones”, son mecanismos promovidos por multimillonarios y corporaciones financieras trasnacionales, para eludir regulaciones, sin abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, deslindándose de responsabilidades y pagando para que otros recuperen el planeta que ellos destruyen”.
En el frente interno, el gobierno colombiano enfrenta por un lado, el desafío de construir diálogos y políticas de protección que incluyan a la diversidad de sectores sociales que habitan el territorio, manteniendo el equilibrio para un desarrollo económico que permita la llegada de políticas públicas a los sectores postergados. Por otro lado, el control del territorio, en medio de un proceso de Paz, que ha revelado sus límites y dificultades, en un país que aún carga con una historia de militarización y penetración estadounidense, los vestigios de un narco estado y una complejo entramado de organizaciones armadas.
Tensiones por la seguridad en la COP16
A una semana del comienzo de la COP16, la seguridad del operativo se puso en cuestión luego de las declaraciones del Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los conflictos por los Acuerdos de Paz son un tema recurrente en el país colombiano. Desde la llegada a la presidencia, Gustavo Petro ha intentado avanzar en la ejecución de estos acuerdos con el objetivo de terminar con los episodios de violencia que vive el país. En los primeros días de octubre el Ejército Nacional de Colombia informó sobre un significativo golpe contra las disidencias de las FARC y en particular contra la estructura disidente denominada Carlos Patiño, uno de los principales grupos que operan en el departamento del Cauca que son comandadas por “Iván Mordisco”.
El 14 de octubre Ejército Nacional de Colombia informó sobre el inicio de la operación Perseo, una ofensiva destinada a establecer el control estatal en la zona de El Plateado, luego de cinco años bajo el dominio de la estructura Carlos Patiño. Al respecto el presidente Petro declaró en la red social X “Inicia la recuperación de El Plateado”, lo cual tuvo como respuesta la declaración del EMC “Ante la guerra con que se responde a nuestra muestra de voluntad de paz por COP16, invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional a abstenerse de asistir a este evento”. El operativo del Gobierno fue recibido por las disidencias con explosivos y ataques con drones que dejaron heridos a varios uniformados y, al menos, a 17 civiles entre los que se encontraban líderes sociales del territorio.
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Ante esta ofensiva, Petro publicó en X: “Es importante que tengan en cuenta que estos bandidos no escatiman en atacar a población civil de manera indiscriminada”, “La seguridad de la COP16 está garantizada”. Luego del conflicto, el día 14 de octubre, el Ejército Nacional de Colombia entregó varias toneladas de ayuda humanitaria a los habitantes del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, como parte de la operación.
Una escena política de alto voltaje
A comienzos de septiembre el presidente Petro declaró un intento de golpe de estado a partir de una renuncia realizada por el Consejo Nacional Electoral cuestionando el financiamiento de la campaña electoral. El presidente convocó a la población a salir a las calles para defender la democracia y el 11 de octubre las calles de Bogotá se llenaron de pueblo colombiano con consignas como “en defensa de la democracia”, “no al golpe de estado”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “no al golpe a la democracia”.
En este marco, emergió en agosto un conflicto histórico que el Estado de Colombia trae con las poblaciones indígenas y en particular con los representados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) quienes desde hace meses venían reclamando por mayores derechos de estas comunidades. El 20 de agosto 139 autoridades indígenas se movilizaron en la capital colombiana para exigir sus derechos y pedir al Estado soluciones reales ante las problemáticas que vivencian.
A partir de esto el CRIC consiguió la firma del decreto ATEA por parte del presidente Petro. De este modo, el Gobierno reconoció a las comunidades indígenas del CRIC como Autoridad Territorial Económico Ambiental para la protección y salvaguarda de los espacios de vida. Esta autoridad tiene como mandato cuidar, recuperar, proteger y salvaguardar los espacios de vida en los territorios originarios del Cauca para el buen vivir, la armonía y equilibrio con la madre tierra.
Además, Gustavo Petro firmó un decreto que otorga a las comunidades indígenas la misma autoridad ambiental a la que ejercen las Corporaciones Autónomas Ambientales en sus territorios con el fin de proteger los ecosistemas y dijo: “en su mayoría inmensa, las CAR no han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario: vía corrupción se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción”. Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se encargan de ejecutar las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La medida tuvo un positivo impacto en las comunidades indígenas, pero no así en sectores campesinos, que reclaman igual trato.
En un escenario político y social complejo, Gustavo Petro tiene el desafío político de ser anfitrión de un importante encuentro mundial para debatir y decidir los destinos de la política ambiental en la región.
En un contexto latinoamericano de crecientes desastres naturales en el que la sequía, los incendios, la pérdida de especies, las inundaciones y los drásticos cambios de temperatura, acechan, el Presidente colombiano ha decidido levantar la bandera del desarrollo de políticas climáticas con Justicia Social, como contrapunto de un modelo de ultraderecha que avanza con un discurso de negación hacia la crisis climática y ambiental, a través de actores como Javier Milei. Sin duda la realización de este encuentro aparece como una oportunidad de continuar jugando un rol central en la discusión por la preservación climática, desde una perspectiva que abogue por las acciones concretas, tome en consideración el rol protagónico de las comunidades y organizaciones territoriales y un justo reparto de las responsabilidades económicas entre quienes extraen valor de los recursos naturales, con impactos desastrosos y quienes despliegan políticas de protección de lo que definen como bienes y territorios comunes, con conciencia de futuro.
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