Más de un año después de haber recibido un recurso extraordinario de parte de los abogados de Amado Boudou para que revise un juicio que consideran amañado, la Corte Suprema acaba de responder que el caso no amerita más que cuatro líneas mencionando el artículo 280 del Código Procesal, una especie de facultad monárquica que le permite rechazarlo sin dar explicaciones. Al parecer, la condena de un ex vicepresidente en medio de todo tipo de sospechas no reviste la gravedad institucional de unos cuantos jueces desplazados a dedo, caso que sí mereció el análisis exhaustivo de las polvorientas momias del Palacio del Lawfare.
El kirchnerismo fue el gobierno más corrupto de la historia, se robó un PBI o incluso dos y las pruebas son incontables- según leemos desde hace años en los medios serios- sin embargo para condenar a sus ex funcionarios es necesario contar con pericias truchas, espías que pasaban por ahí, testigos pagados por el gobierno, jueces premiados o incluso una guerra imaginaria con Irán. La extrema culpabilidad que requiere de métodos fraudulentos para ser probada es un paradigma novedoso que se estudia en la Waldo Wolff School of Law.
Pero el frenesí delictivo no se limita al kirchnerismo. Lula fue condenado sin otra prueba que la convicción de un juez, magistrado que no fue premiado con un traslado a la Cámara Federal, como ocurrió con el Dr. Bertuzzi luego que condenó a Amado Boudou, sino con el Ministerio de Justicia una vez que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil. Rafael Correa, por su lado, tiene pedido de captura y su candidato a las elecciones presidenciales de Ecuador todavía no sabe si podrá presentarse. En el caso de Evo Morales, el establishment y la Embajada prefirieron optar por el método más tradicional del golpe de Estado.
Con la decisión de la Corte sobre la condena de Amado Boudou y la de la Casación de dar por válidas las declaraciones de los arrepentidos en el caso de los Cuadernos a la parrilla, a pesar de que no hay registro audiovisual ni grabaciones de las mismas, la Justicia acaba de explicarle al poder político que el lawfare, como el periodismo de guerra, goza de muy buena salud. La persecución política no busca sólo mandar a la cárcel a los ex funcionarios de los gobiernos de Cristina: quiere disciplinar a los de Alberto.
Tal vez haya llegado la hora de entregarle la suma del poder público al Dr. Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, para que pueda gobernarnos bajo el nombre de Carlos I, el Magnánimo, Emperador de la Corte por la gracia de Dios.
El Senado convirtió en ley el aporte solidario que alcanza a los 12.000 ciudadanos más ricos del país. Varios periodistas serios y parlamentarios opositores (dos colectivos que cuesta diferenciar) rechazaron la medida argumentando que “ahuyentará inversiones”, aunque no aclararon si las inversiones ahuyentadas son las mismas que nunca llegaron cuando Cambiemos redujo la presión fiscal sobre los más ricos o si se trataría de otras inversiones. A través de un comunicado oficial, los senadores de Juntos por el Cambio denunciaron que el aporte solidario “profundiza la división de los argentinos”. Tampoco en este caso aclararon si la división en cuestión es la que separa al 0,02% más rico del país del 99,98% restante.
Por otro lado, ya empezaron las audiencias en el Congreso sobre el proyecto de interrupción legal del embarazo (ILE), una fuente inagotable de asombros. En ese sentido, la diputada del PRO Dina Rezinovsky, opuesta al proyecto, dejó la vara muy alta: “No he visto a nadie ser salvado por la política y sí he visto familias salir adelante con la ayuda de Dios.” Algunos participantes se preguntaron si la diputada consiguió su banca a través de los votos obtenidos en el reino de este mundo o si fue ungida con algún mecanismo celestial.
Ocurre que las buenas iniciativas políticas, como el aporte solidario a los mayores patrimonios o la interrupción legal del embarazo, tienen un efecto colateral virtuoso: obligar a los orcos a defender lo indefendible. Eso clarifica el debate político, ya que no alcanza con repetir república y coso.
Imagen: Carlos I el Magnánimo, Emperador de la Corte por la gracia de Dios, posa con su uniforme de gala (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)
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