Desde que Mauricio Macriasumió la Presidencia el 10 de diciembre pasado, en el sector público y privado se despidieron a casi 50 mil personas. La cifra se refiere tanto a los despidos como a la falta de renovación de contratos Ministerios y áreas del estado como en empresas.
Según el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en el sector público hubo 27.199 echados tanto a nivel nacional, como provincial y municipal, y cuyos gobiernos corresponden a distintos signos políticos. También el informe señala que en el ámbito privado hubo 22529 cesanteados.
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"Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, sino que también incluyen amenazas generalizadas de despidos, y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales", señala el documento que elaboró el equipo integrado por Silvina Benevento, Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel.
La fecha de corte de este relevamiento fue el viernes 29 de enero de 2016. El caso de mayor impacto es el de los trabajadores del Grupo de Medios 23, que incluye entre otros al Diario Tiempo Argentino y a Radio América, que desde hace varias semanas llevan adelante medidas de fuerza en reclamo del cobro de los haberes adeudados.
"La gran mayoría de los trabajadores alcanzados por esta primera tanda de despidos han sido aquellos que estaban en una situación de mayor precariedad contractual: integrantes de cooperativas de trabajo que realizaban tareas propias del sector público, trabajadores que eran obligados a vincularse al Estado por medio de una locación de servicios (monotributistas), integrantes de la planta transitoria (por más que se mantuvieran en dicha condición por muchos años)", detalla el informe.
No se incluyen en este relevamiento las amenazas de pérdida de puestos de trabajo o suspensiones que se han producido en actividades como, por ejemplo, la industria petrolera. En este caso debe destacarse la presentación de un procedimiento preventivo de crisis por parte de las principales empresas prestadoras de servicios del sector, que apunta a suspender a alrededor de 5.000 trabajadores, y que podría afectar indirectamente a otros 5.000 trabajadores de la industria.
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