Ya se encuentra vigente la emergencia en seguridad y se autorizan los derribos

22 de enero, 2016 | 07.44
El Gobierno publicó el decreto que declara la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio nacional por el lapso de un año "con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado". La medida incluye, entre otras cuestiones, la autorización de la Fuerza Aérea de involucrarse en política criminal y derribar aviones que considere "hostiles" al espacio aéreo argentino, en sintonía con lo reclamado por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

El decreto simple 228/2016, que lleva la firma de la vicepresidenta (en ejercicio de la primera magistratura) Gabriela Michetti declara la emergencia en todo el territorio nacional por un lapso de 365 días, la que "podrá ser prorrogada fundadamente".

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Entre las medidas que establece el decreto figura la aprobación de "Reglas de Protección Aeroespacial", cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a "identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino". El decreto establece que serán declaradas "hostiles" aquellas naves que "tengan entidad suficiente para 'perturbar, poner en riesgo o causar un daño' en el territorio nacional", dejando a criterio de la fuerza dicha evaluación.

La normativa define a delito complejo al narcotráfico, contrabando de armas, terrorismo y asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales. También incluye en la categorización a los delitos de fraude contra la Administración Pública, a los de prostitución de menores y pornografía infantil, a los delitos de financiación del terrorismo, y a los de extorsión, entre otros.

La emergencia autoriza al ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, a transformar el "Operativo Escudo Norte" en el "Operativo Fronteras", que tendrá carácter permanente, y se adoptan en forma inmediata las medidas para "dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el 'eficiente control' fronterizo.

Otro aspecto importante es que involucra al ministerio de Defensa, junto con el de Transporte y el de Seguridad, en la tarea de "reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos".

El decreto también autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que "no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias".