La crisis ataca a los inquilinos. En el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo, vienen creciendo sostenidamente desde hace un año y medio, los reclamos por las imposibilidades de pago. En marzo de 2018, dos de cada diez inquilinos se presentaban para consultar por este tema mientras que, en agosto de este año, esa cifra creció a cuatro de cada diez (41,22%).
“La necesidad de rescindir tiene que ver con situaciones inesperadas, como la pérdida del empleo o con el deterioro del poder adquisitivo que, sumado al aumento del alquiler, les impide mantener niveles elementales de consumo”, afirmó Fernando Muñoz, director del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo.
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Desde el programa de atención a los inquilinos, alertaron que existe un grave problema al momento de renovar los alquileres que llevan a un incremento del orden del 40 al 70% con ajustes semestrales del 18%. Las principales consultas son cómo extender el contrato y ganar algo de tiempo para mudarse.
"Generalmente los propietarios y las inmobiliarias informan el precio de la renovación a último momento. Esto genera una angustia en los inquilinos que no esperan un aumento tan drástico y se dan cuenta de un momento para el siguiente que tienen que salir a buscar un lugar donde vivir”, afirmó Muñoz.
Otro inconveniente que afrontan los inquilinos es el pago de expensas, que en muchos casos lleva a finalizar anticipadamente el contrato. "Las expensas extraordinarias desaparecieron de las liquidaciones. Esto implica un traslado de todos los gastos del edificio al bolsillo del inquilino que, a pesar de tener un contrato por solo 24 meses, se hace cargo del cambio de la caldera, la renovación de las cañerías o la pintura exterior del edificio”, indicó Muñoz.
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