El aborto vuelve a ser tema de la agenda política argentina en un año marcado por la contienda electoral. El proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una iniciativa ciudadana construida desde las organizaciones ingresará al Congreso por octava vez este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Algunas coordenadas para pensar el aborto desde una perspectiva de salud pública, derechos humanos y justicia social pero también como una política pública transformadora con mirada de clase.
Para empezar: de los ya confirmados precandidatos presidenciales Alberto Fernández, Daniel Scioli y Nicolás del Caño se pronunciaron a favor de una ley que despenalice y legalice. Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey hablan de "despenalización". En tanto, Roberto Lavagna está en contra y propuso una absurda consulta popular. Mauricio Macri y María Eugenia Vidal también están en contra. Más allá de sus posiciones que pueden impulsar avances o poner frenos, la clave está en el poder legislativo que en 2018 no dejó que la media sanción se convirtiera en ley Senado. Este año se eligen 24 senadores y senadoras. Los pañuelos verdes deberán entrar en las urnas y las feministas deben sentarse en las bancas para modificar la composición de la Cámara y legislar para ampliar derechos.
En cuanto a la discusión electoral: no es suficiente con posiciones a favor o en contra. Es necesario que los y las candidatos empiecen a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Hablar de aborto es hablar del proyecto de país que queremos: ¿un anclado en 1921 que no permite gozar de la plenitud de la ciudadanía a la mitad de la población?
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Hoy en Argentina es inadmisible que las mujeres y personas gestantes sigan muriendo por abortos clandestinos. ¿Cómo puede ser que en Rosario no se registre ni una muerta desde 2012? Cuando hay voluntad política la salud y la vida puede protegerse y garantizarse aún con el marco normativo vigente.
También es inadmisible que se siga criminalizando cuando la evidencia muestra que el aborto es una realidad de la vida sexual de las mujeres y personas gestantes.
Un derecho no es una obligación. Aunque parece llamativo todavía es necesario aclararlo: nadie estará obligada a abortar. Se trata de la posibilidad de elegir y de aliviar la tortura de aquellos embarazos que no pueden llegar a término. El derecho no está en discusión. Lo que se discute es qué hará el Estado frente a esta demanda y por eso
Entonces, en un contexto de retroceso en materia de derechos y salud pública, la primera urgencia es que la degradada secretaria de Salud vuelva a ser Ministerio.
A su vez, se vuelve imprescindible una discusión sobre la producción y provisión del medicamento para abortar. En 2014, la caja de 16 comprimidos de Oxaprost, el fármaco para interrumpir embarazos de manera medicamentosa, formaba parte de Precios Cuidados, con un precio sugerido de $452. Hoy esa misma caja cuesta $5875,97. Si el salario mínimo es de $12.500, esto representa un 47% del ingreso. Laboratorios Beta aumentó un 400 por ciento el precio de este medicamento.
Laboratorios Domínguez es otro que produce Misoprostol. El precio del Misop 200 al 21 de Mayo en farmacias es de $3.777,79, representando un 30,2% del salario mínimo, vital y móvil.
La posibilidad de dar una respuesta política que permita salir de una situación injusta que se mantiene casi intacta desde 1921 estará en manos de la política a partir de hoy.
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