En un artículo, publicado en El Cohete en la Luna, el periodista Horacio Verbitsky, denunció que la ministra Patricia Bullrich, creo una fuerza electoral paralela de despliege rápido que se pone por sobre la Justicia Electoral y que puede complicar el acto eleccionario.
Advirtió, además, que esta fuerza viola la ley electoral al colocarla sobre el Comando General Electoral, que fue una de las conquistas de la Ley Sáenz Peña.
Asimismo, Verbitsky explicó que junto a ese comando, preocupa:
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- La insistencia del presidente, Mauricio Macri y de su jefe de gabinete Marcos Peña Braun de que darán vuelta el resultado, cosa que no se sostiene en ningún dato objetivo verificable y no hay una sola encuestadora que lo considere posible.
- La afirmación del candidato vicepresidencial, Miguel Ángel Pichetto de que el 12 de agosto las escuelas estuvieron "tomadas por La Cámpora, como se vio", a lo que atribuyó la pérdida de 5 puntos para su fórmula y reclamó «más presencia de fiscales y de personal de policía y gendarmería» para hoy.
- La declaración de la heroína radical Elisa Carrió, de que a las 6 de la tarde se proclamarán triunfadores aunque no lo sean.
- La aparición en otro operativo inverosímil de los cuadernos que el suboficial del Ejército Oscar Centeno declaró bajo juramento haber quemado, y sobre los que giró la principal operación contra Cristina, que ella desbarató al ceder el primer lugar en la fórmula.
- El fastidio oficial ante el dictamen del fiscal electoral Jorge Di Lello, quien pidió la nulidad de las actuaciones contra Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Andrés Larroque ante la incriminación del ex secretario de obras públicas José Bolso López, por aportes que dijo haber hecho a La Cámpora para las elecciones de 2017. El más trascendente fundamento de Di Lello es que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Glock no respetaron el derecho de defensa al no cumplir con el requisito de la ley del arrepentido que obliga a grabar la declaración.
- La negativa de la Cámara Nacional Electoral a permitir que los apoderados informáticos de los partidos auditen los softwares de la empresa anglo-venezolana Smartmatic, encargada de la transmisión y la cuenta de votos en el escrutinio provisorio.
-La alegada ignorancia sobre estos asuntos del subdirector de la Cámara, Gustavo Mason, y la afirmación, compartida por el Secretario del mismo tribunal, Sebastián Schimmel, de que no hay ninguna preocupación. Según Mason, porque sólo el escrutinio definitivo tiene valor jurídico. De acuerdo con Schimmel, porque Smartmatic le entregó en depósito el software e incluso «ha permitido, bajo condiciones muy restrictivas, que se haga una inspección del código fuente, algo que no se hizo en oportunidades anteriores. No es tal vez la solución óptima sobre todo por los tiempos, porque una auditoría de esta clase requiere tiempos mucho más extensos, pero la verdad es que ha habido una actitud de mayor apertura que en otras oportunidades».
Luego el periodista aclaró que es cierto que el escrutinio definitivo es el único que tiene validez legal, pero lo sucedido en Bolivia muestra que instalar sospechas sobre el resultado la noche de los comicios, provoca reacciones nacionales e internacionales.
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