La detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, plantea numerosos interrogantes para los gobiernos progresistas -en el más amplio sentido de la palabra- de la región. Todos estos gobiernos se enfrentan a poderosos actores políticos, empresariales y mediáticos que buscan minar su poder y contribuir a su derrota.
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Aunque algunos insistan que el gobierno de Nicolás Maduro "sigue empeñado en reproducir la experiencia comunista del siglo XX" (El País, 23.02.15) cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual sabe que esto no es así y que el chavismo está muy lejos de emular la experiencia soviética o cubana. Hay dos elementos centrales que lo diferencian. Por un lado, su acceso al poder a través del triunfo en la urnas en diciembre de 1998, ratificado una y otra vez en elecciones basadas en un sistema electoral heredado de la Cuarta República. Por el otro, la oposición existe y actúa en el espacio público través de partidos políticos y medios de comunicación abiertamente antigubernamentales que incluso apoyan golpes de Estado como sucedió en 2002. Es más, una de las críticas dentro del chavismo al mismo Hugo Chávez fue no haber sido más duro con todos aquellos que promovieron el golpe de 2002 dejando que se reorganizaran como si no hubieran participado del mismo.
Los golpistas de hoy no apelan a los militares para que éstos desalojen del poder a un gobierno, cierren el Congreso, prohíban los partidos políticos y los movimientos populares. Su discurso es que son justamente los gobernantes los que violan la constitución y que por eso hay que destituirlos, tal como sucedió en Honduras con Manuel Zelaya y Fernando Lugo en Paraguay. Es así que cobra sentido el documento firmado por Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López.
En él se puede leer que existe "una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario (...) Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas (...) rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional (y) realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes". Cualquiera que no sepa qué ocurre en Venezuela al leer este documento llegará a la conclusión de que es un movimiento que, en nombre de la democracia, denuncia una dictadura. En "abstracto" podría ser visto como el manifiesto político de un partido con lenguaje radical. Pero en el contexto de Venezuela, un año después del plan "La Salida" -que propugnaba el derrocamiento de un presidente a meses de haber sido elegido- es un claro llamado a continuar con la misma estrategia de provocar la caída del gobierno sin respetar las reglas del juego que ellos mismos dicen invocar.
Todos los gobiernos progresistas de la región enfrentan dilemas similares, aunque en el caso venezolano esté exarcebado por su creciente importancia regional y la riqueza petrolera. Existe una tensión muy difícil de resolver entre las libertades públicas y democráticas y los movimientos desestabilizadores que tienen como objetivo derrocar a un gobierno a cómo sea y cuentan con el apoyo explícito de emporios mediáticos que se unen abiertamente a nivel regional para intervenir en Venezuela como quedó demostrado con la campaña "Todos somos Venezuela" que aglutinó a más de 80 diarios de América en 2014.
Por otra parte, no alcanza con los triunfos electorales, también hay que ratificar día a día que se cuenta con el apoyo de la mayoría de la población. Pero para ello hay que gobernar para las grandes mayorías, y justamente uno de los objetivos de estas oposiciones es poner numerosas piedras en el camino para que no se puedan implementar los proyectos de cambio, y así "demostrar" la ineficiencia de dichos gobiernos. Todo un intríngulis.
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