Hace unos 10 días Griesa libró la orden que obliga a los holdouts a definirse si quieren formaron parte de la denuncia del fallo del pari passu de los fondos buitres, por el cual se libró una sentencia contra Argentina para el pago del 100 por ciento de la deuda concedida por el magistrado neoyorquino.
El plazo límite vence hoy, 2 de marzo. Luego, la Argentina tendrá tiempo hasta el 17 de marzo para presentar su posición al respecto, mientras que hasta el 7 de abril correrá el plazo para que los demandantes principales de la causa, presenten su descargo.
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Finalmente, y vencida ya la cláusula RUFO, se cumplieron las estimaciones formuladas por el gobierno argentino de que el problema del juicio con los fondos buitre no significaban solamente 1.600 millones de dólares fijados inicialmente por Griesa al emitir su fallo, sino que este monto ascendería a una cifra superlativamente mayor, estimada en unas 10 veces más, una vez que todos los holdouts se sumen a los fondos especulativos que obtuvieron dictamen positivo de parte de la justicia estadounidense.
No obstante el monto final puede resultar mayor aún, ya que según los términos el fallo anexo de noviembre de 2012, hay que computar 100% de capital e intereses, actualizables en el tiempo.
En términos nominales, la deuda existente por títulos en situación de default no supera los 6.000 millones de dólares.
Este llamado de Griesa elevó una incógnita en el proceder del magistrado -más allá de las referidas a sus personales interpretaciones de la cláusula de pari passu-, de por qué no hizo esta convocatoria antes, apenas se conoció la decisión de la Corte Suprema de EEUU de no tratar la apelación presentada por Argentina y cuando estaba aún vigente la cláusula RUFO.
La decisión también deja en evidencia a quienes -de manera errada- se pronunciaron a favor de que Argentina salde la deuda con los fondos buitre en base a que el monto a pagar dispuesto por Griesa ascendía a 1.600 millones de dólares.
Griesa le había encargado informalmente -a fines de 2014- al mediador Daniel Pollack, la tarea de comenzar a "juntar" a los "me too".
Las únicas cifras oficiales hasta el momento había sido reveladas en noviembre último por el abogado Carmine Boucuzzi, que representa a la Argentina, cuando, a raíz de información brindada por los fondos buitre, estimó la existencia de una cifra parcial de 4.700 millones de dólares en mano de 52 acreedores.
En el juzgado de Griesa, desde junio a noviembre se habían sumado uno 1.800 millones de dólares al litigio.
Boucuzzi pidió, en esa oportunidad, sumar a todos los "me too", porque era imposible comenzar negociación alguna si no tenían el dato de si Griesa también los iba a incorporar también al insólito fallo del "pari passu".
Otro de los hechos de importancia que ocurrirán esta semana en el juzgado de Griesa es la audiencia que se celebrará el martes, en la que el magistrado deberá decidir si permite nuevamente el pago de los bonos del canje bajo ley argentina que pasan a través del Citibank.
De concretarse, esta sería la cuarta vez que el banco norteamericano es autorizado a concretar el pago por "única vez", debido a que el vía libre fue avalado frente a cada vencimiento.
En la audiencia, el Citibank buscará lograr una autorización permanente para estos pagos, de manera de no tener que volver cada trimestre a la la Corte de Nueva York.
En esta oportunidad también se presentó la asociación Clearing House Association de EEUU (clearing bancario), entidad que elevó un "amicus curiae" en apoyo a la moción del Citibank.
También como novedad el Citi elevó un documento al juez en el que se esmeró en explicar a través de siete diferencias entre los distintos tipos de colocaciones que se encuentran en disputa, para que se entienda el argumento de que no hay "matter of law", lo que significa que no existe evidencia suficiente que apoye un bloqueo para el pago de los bonos bajo legislación argentina.
También relacionado con el caso del "pari passu", Argentina presentó el jueves último su apelación contra el desacato dictado por Griesa contra el país.
Griesa, en tanto libró el jueves último una disposición a los bancos JP Morgan y Deutsche Bank, donde advirtió de que serán sancionados si participan como agentes ante una eventual la colocación de bonos de parte de Argentina.
El magistrado atendió de esta forma un pedido formulado por el fondo Elliott, que denunció que el Ministerio de Economía quería sortear el fallo de Griesa con esta iniciativa.
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