El proyecto de “Integración sociourbana y regularización dominial”, que ya tiene media sanción y fue votado por unanimadad en la Cámara de Diputados, presenta dudas marcadas por miembros de algunas organizaciones y diversos especialistas.
Es uno de los cinco proyectos de ley que impulsa el triunvirato piquetero, conformado por la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular bajo la consigna “Pan, techo y trabajo”. Y si bien es promovido por el Ministerio de Desarrollo Social junto con organizaciones sociales, las objeciones sobre éste abren la puerta a las especulaciones sobre su implementación.
SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Estas son: la falta de definición y la vaguedad del término “integración urbana”, el escaso compromiso en materia presupuestaria que podría implicar que el proyecto sea sólo declarativo, que el instrumento a utilizar para llevar a cabo la regularización dominial se limite a la expropiación (proceso lento y costoso para el Estado) y por último, la falta de garantías para evitar la especulación financiera en los terrenos más codiciados por el mercado y el consecuente desplazamiento de la población que reside actualmente en los barrios populares.
El proyecto declara la utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras donde se localizan 4.228 asentamientos urbanos precarios con el objetivo de entregar títulos de propiedad a sus habitantes. Los terrenos alcanzados surgen de un relevamiento que hizo el Ministerio de Desarrollo Social junto conlas organizaciones CTEP, TECHO, Cáritas, CCC y Barrios de Pie que dio lugar al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).Según se definió en el relevamiento, un barrio popular es un conjunto de mínimo ocho familias contiguas, en el que al menos la mitad no tienetítulo de propiedad y carecen de acceso a al menos dos servicios básicos: agua corriente, red de energía eléctrica con medidor o red cloacal.
Entre el texto que ingresó a la Cámara y el que finalmente fue votado el miércoles se realizaron cambios que tienen en cuenta algunas de las preocupaciones que se señalaron durante el debate en comisiones. “Desde diversas organizaciones que impulsamos la integración sociourbana lo que proponemos es que se establezcan cargos a la titulación, que no afecte a lxsvecinxs, pero sí a la especulación. Es decir, que el objetivo es que los títulos de propiedad que se entreguen garanticen la función social de las viviendas, preservándolas del mercado inmobiliario. En el proyecto aprobado esta semana se introduce un cambio importante en el artículo 7 que va en ese sentido: establece que la finalidad de las viviendas regularizadas será la de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, contemplando el comercio familiar. Esto implica la prohibición absoluta de su transferencia posterior a personas jurídicas. La transferencia entre personas físicas sólo podrá realizarse con esa finalidad. La autoridad de aplicación (la Agencia de Bienes del Estado) gozará del derecho de preferencia (durante 5 años) para adquirir esa propiedad y reasignarla a otra persona humana con fines de vivienda única” comenta Pablo Vitale coordinador del área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justica. Otra victoria de las organizaciones es que se haya ampliado de 2 a 4 años la prohibición de desalojar a los inmuebles incluidos en el RENABAP.
La regularización dominial es un reclamo histórico y representa un avance en cuanto reconoce la problemática y la necesidad de dar respuesta a la situación de inseguridad en la tenencia en la que se encuentran 3,5 millones de personas en la Argentina. Sin embargo, no hay claridad respecto de la mejora de las condiciones habitacionales asociadas a la integración urbana que promete la ley, sobre todo en un contexto en el que se planea un recorte del 30% en el presupuesto para el año próximo. Incluso el Secretario de Hábitat de Santa Fe y miembro de Cambiemos, Diego Leone, se atrevió a decir que “no hay que generar falsas expectativas en la gente que vive en los asentamientos”.
La asignación presupuestaria sigue sin ser explícita, aunque la nueva redacción crea el “Programa de Integración Socio Urbana” para determinar, en conjunto con las jurisdicciones locales, el plan de obras de infraestructura que se llevarían a cabo en el marco de esta ley. Se agrega además que, como mínimo, el 25% de esas obras deberán adjudicarse a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares. De todas maneras, no hay compromiso efectivo ni un calendario previsto para obras de modo que todo hace pensar que, si se aprobase la ley, durante 2019 se avanzaría únicamente con la entrega de Certificados de Vivienda Familiar como promesa de un futuro título de propiedad. Al día de hoy, ya se entregaron unos 110.000 de estos certificados que funcionan como certificado de domicilio y sirven para solicitar servicios públicos aunque no tienen ninguna validez en términos de dominio de la propiedad.
En CABA se relevaron 53 barrios populares, en la PBA1656, Santa fe 333, Córdoba 188, Mendoza 217, Jujuy 92, Salta 149, Tucuman 186, Chaco 264, Misiones 246.El 61% son terrenos privados, el 13% es depropiedad municipal, 7% provincial y sólo un 6% nacional. Por este motivo muchas autoridades provinciales y municipales reclaman participación y denuncian el avallasamiento de sus autonomías ante la intención de Nación de centralizar los procesos de regularización dominial, cuestión que podría complicar el visto bueno de los representantes de las provincias en la Cámara Alta.
Mientras tanto, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, suma puntos para su carrera con un proyecto cargado de promesas e ilusiones, que complica a la oposición de cara al año electoral y que podría no entrar en contradicción con el presupuesto de ajuste de 2019.
Cerrar sesión