El Proyecto UniCaba que propone Horacio Rodriguez Larreta, busca la creación de una Universidad de Formación Docente y la disolución de los 29 Institutos de Formación Superior en donde estudian los futuros maestros y profesores de nuestra Ciudad.
Resulta sorprendente que el Ejecutivo envíe este proyecto a la Legislatura sin elaborar un diagnostico previo, sin presentar un estudio de factibilidad ni su respectiva previsión presupuestaria. No les alcanza con destruir la economía y el mercado interno, sino que necesita destruir la educación pública restringiendo el derecho social a la educación.
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Desde el Ministerio de Educación, dicen que “el futuro llegó”, pero parece que lo único que llegó son las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es en ese marco que se requiere un nuevo concepto de maestros y profesores capaces de enseñar y orientar a los estudiantes a adaptarse a la lógica del mercado. De este modo, la producción de conocimiento deja de ser el principal valor agregado de una sociedad para convertirse en un bien de consumo.
Un proyecto inconsistente
Los argumentos que el Gobierno explicita comunicacionalmente tienen que ver con:
- Jerarquizar la formación docente, suponiendo que un título superior universitario tiene más “valor” que un título superior expedido por los institutos de formación docente (Terciarios). Esto expresa un desconocimiento de la Ley de Educación Superior (Ley Nº 24.521) y de la Ley de Educación Nacional (Ley Nº 26.206) que equiparan la validez de ambas titulaciones. En este sentido es importante decir que la jerarquización de un trabajo tiene que ver con mejorar las condiciones en las cuales el mismo se realiza, tales como: salarios, infraestructura, carga y concentración horaria, estabilidad, régimen previsional, formación continua, etc.
- La falta de docentes en la Ciudad de Buenos Aires. El PRO gobierna la ciudad desde hace 12 años. La falta de docentes es el resultado de la ausencia de políticas públicas al respecto y el empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes que, además, tienen que dar respuestas a múltiples situaciones cotidianas que se viven en las instituciones educativas (violencia, embarazo adolescente, adicciones, etc.). Los especialistas afirman que las reformas educativas sin consenso con las comunidades involucradas, lejos de mejorar las situaciones que pretenden revertir, las empeoran.
- Incrementar las instancias de prácticas pedagógicas desde el inicio de las carreras. Este argumento visibiliza el desconocimiento que tiene el gobierno acerca del diseño curricular y los planes de estudio vigentes, que el propio Ejecutivo modificó y aprobó, en donde el campo de la práctica está presente desde 1er.año de cada una de las carreras.
- Incorporar nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Al igual que en el punto anterior, este argumento evidencia la falta de conocimiento de las practicas pedagógicas y la propia normativa vigente. También la formación docente las incluye en sus carreras.
En la jurisdicción ya existen Universidades públicas de gestión estatal que brindan formación docente con las cuales el Gobierno de la Ciudad podrá hacer o ampliar convenios específicos (de grado y posgrado) en vistas a la formación continua.
No escuchan a la comunidad educativa
Los que se autoproclaman como “dialoguistas profesionales” no han abierto ninguna instancia de consulta e intercambio real con la comunidad. Tanto en el ámbito de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad como en el mundo académico, sólo se han escuchado voces de rechazo las del: Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CEGSE) compuesto por los rectores de los 29 Institutos de Formación docente de la Ciudad, de sus consejos Directivos, de las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la misma casa de estudios, de Investigadores de la Universidad de San Andrés, de miembros del CONICET, dedocentes de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Vicaria de Educación del Obispado de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.A este rechazo unánime se suman docentes, Centros de Estudiantes, sindicatos docentes y la comunidad educativa en general.
El Ministerio de Educación de la Ciudad se mantiene en silencio, salvo la breve exposición de Diego Meiriño, Subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa, que se limitó a enunciados generales y apreciaciones falsas, poniendo de manifiesto su notable ignorancia sobre el sistema de formación docente.
Todo modelo económico necesita un modelo educativo y cultural para sostenerse, este caso no es la excepción. Para una Argentina sin industrias, sin proyecto productivo, en el que se restringe constantemente el mercado interno producto de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, la subocupación y desocupación, en donde la especulación financiera es la inversión más rentable, en donde la fuga de divisas y las cuentas en las guaridas fiscales son justificadas y naturalizadas por el presidente de la Nación y los miembros de su gabinete, es necesario una educación para pocos.
Legisladores de la oposición, los 29 rectores, los docentes y el conjunto de los estudiantes estamos pidiendo que el Gobierno de la Ciudad retire el Proyecto y se centre en resolver la emergencia educativa que atraviesa la Ciudad y que nada tiene que ver con los problemas de “jerarquización de la formación” sino que muy lejos de ello, se vincula con el no cumplimiento por parte del Estado quien es responsable de garantizar el derecho social a la educación y que hoy se ve vulnerado.
* Lorena Pokoik, legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión de Educación.
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