Una segunda denuncia penal complica a José Pedro Potocar, detenido por la sospecha de cobro de coimas. El jefe suspendido de la Policía de la Ciudad fue denunciado penalmente por enviar agentes armados a un colegio público y realizar inteligencia a los menores.
El 20 de abril ingresaron cinco policías al Mariano Acosta con la excusa de que “se iba a hacer una marcha” en la calle, según pudo saber El Destape por fuentes judiciales. La rectora de la escuela les explicó que los estudiantes sólo realizarían una asamblea dentro de la institución, por lo que salieron y se mantuvieron fuera en una actitud pasiva.
La responsable del colegio se contactó luego con la Asesoría Tutelar 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña. También la madre de una alumna, quien explicó que su hija había quedado “muy asustada” y que consideraba lo sucedido como una intimidación al estudiantado y al personal educativo.
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Ante esto, Gustavo Moreno, titular de la dependencia judicial dispuso abrir de oficio las actuaciones extrajudiciales y realizarle un pedido de informes a Potocar. Este fue respondido pasada la fecha límite y recién después de que el jefe de la Policía fuera suspendido y arrestado por la Justicia Penal Federal por el cobro de coimas para protección. Fue, Osvaldo Tejido, encargado de la comisaría 8 (con jurisdicción en la zona de la escuela) quien contestó, y de forma incompleta, recién el 26 de abril.
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Además cuestionar sobre lo sucedido, la Asesoría formuló una denuncia penal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En la Fiscalía de Instrucción 43, a cargo de Carlos Velarde, Moreno denunció “conductas intimidatorias y de hostigamiento en modo amenazante, con el propósito de obligar a la no realización de actividades estudiantiles lícitas dentro del establecimiento, de manera ilegítima por parte del personal policial”.
Ayer amplió la documentación inicial y, en concreto, acusó posibles tareas de investigación previa sobre el centro de estudiantes y la implantación de un operativo especial con excesiva cantidad de policías, incluida una brigada de video. Además, enfatizó la distorsión de la finalidad del ordenamiento vehicular alegado por la policía.
Mientras Potocar espera su procesamiento por sobornos en el edificio Centinela, investigado por el fiscal federal José María Campagnoli, la Justicia porteña avanza en dilucidar la cadena de responsabilidad en el espionaje ilegal a alumnos y la intimidación de menores, que puede llegar al jefe máximo de la Policía, defendido públicamente por el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo.
El funcionario investigado deberá responder, en un futuro, si se trató de un suceso aislado o si es una nueva estrategia implementada por la flamante fuerza de seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.
Como si fuera poco, en una decisión inusitada, el Ministerio de Educación, de Soledad Acuña, le exigió a la rectora del Mariano Acosta, Raquel Papalardo, que apure los trámites de su jubilación, en lugar de apoyarla en la denuncia.
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