Mauricio Macri, cuando llegó al poder, designó al escribano y representante de futbolistas Gustavo Arribas como nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a quien era diputada del PRO, Silvia Majdalani, como su segunda. Sin embargo, la decisión debe ser confirmada por el Senado y esta semana, 8 meses después de las designaciones, se discutirán los pliegos en la Comisión de Acuerdos.
En este contexto, organizaciones de derechos civiles se expresaron y manifestaron su disconformidad con los nuevos candidatos. Los motivos: falta de idoneidad para los cargos y falta de transparencia en sus currículums. Lo curioso es que, dentro de las agrupaciones que firmaron en contra de las nuevas autoridades de la AFI, se encuentra Poder Ciudadano, una ONG cercana al macrismo que vio nacer a Laura Alonso.
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La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libtre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET), acompañados por la Asociación Pensamiento Penal y Poder Ciudadano, presentaron una impugnación a los nombramientos.
Mediante un comunicado, contaron que "llama la atención que ni Arribas ni Majdalani tienen la formación ni la experiencia profesional adecuada y necesaria para desempeñar los cargos para los que se los propone" y añadieron: "No han acreditado conocimientos específicos en cuestiones de inteligencia, seguridad, defensa o cualquier otra manera relacionada. Al mismo tiempo, tanto Arribas como Majdalani cuentan con numerosas denuncias judiciales y antecedentes que requieren una investigación seria antes del análisis de sus pliegos".
El Legislador Gustavo Vera también criticó los nombramientos y se sumó a la impugnación: "Majdalani fue denunciada junto a otros tres sujetos con el objetivo de que sean investigados sobre el origen de los fondos de una importante cantidad de soceidades comerciales constituidas en el país y en el extranjero".
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"El objetivo de la presentación judicial es saber si tras esa ingeniería societaria se esconden actos de lavado de dinero, corrupción o evasión", aseguró.
Arribas, por su parte, también es investigado por irregularidades. Cuando fue designado, el Gobierno lo justificó con un comunicado y dijo que "el escribano y representante de futbolistas acompañó durante años a Macri, en especial en la gestión como titular de Boca Juniors" pero no todo parece ser tan transparente como dicen.
Según las asociaciones civiles, la trayectoria de Arribas "ha sido en el negocio del fútbol a través de la participación en sociedades anónimas dedicadas a la compra venta de jugadores de fútbol y ha sido investigado por irregularidades relacionadas con esta millonaria actividad que es considerada como una de las que facilita el lavado de activos y la evasión fiscal". "No parece razonable poner al frente del órgano rector del Sistema de Inteligencia a quien tiene vínculos sospechados con esos mercados", dijeron.
Los dos elegidos por el PRO, además, cuentan con una singularidad: ambos omitieron información de su actividad privada en sus currículums. Lo cual, a las ONG, les llamó la atención. Incluso a Poder Ciudadano, la ONG en donde se hizo conocida Laura Alonso y que fue denunciada por Edgardo De Petri por defender al macrismo.
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