La ex funcionaria Karen Arrúa recibió nuevas amenazas por revelar los manejos irregulares de fondos del INJUVE (organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social). El titular del orgnaismo, Pedro “Piter” Robledo, se encuentra sospechado por los delitos de “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos”.
Según reveló Diario Pulse, la joven recibió nuevas amenazas de muerte. Esta vez, con letras de diario recortadas y pegadas en un papel, le escribieron la palabra “Falcon” y se lo dejaron en la puerta de su casa.
La ex funcionaria destapó el escándalo de las mochilas con dinero del PRO y por la causa se investigan los manejos irregulares de fondos del INJUVE, por los que su titular, Pedro “Piter” Robledo, se encuentra sospechado de los delitos de “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos”.
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Esta causa federal está a cargo el juez Sebastián Casanello y es investigada por el fiscal Carlos Stornelli. Los manejos irregulares de los fondos se descubrieron cuando Rosaura Ciprés, una ex empleada de ese organismo, fue a tramitar el monostributo social a la ANSES y le dijeron que no podía hacerlo porque seguía figurando como empleada del INJUVE, con un sueldo de 150 mil pesos mensuales que habían depositado en su cuenta sueldo y que alguien había retirado (sin que ella supiera).
Ciprés difundió su caso en los medios y Arrúa, tras enterarse, se comunicó con ella y su abogada e inició una suerte de investigación de lo ocurrido por su cuenta. En el proceso -según consta en su declaración en la causa- pudo saber, por el testimonio de una empleada del INJUVE, que era frecuente que se usaran las cuentas sueldos de empleados para depositar 150 mil pesos, suma que se usaría para pagarle a los proveedores de diferentes jornadas recreativas organizadas en varios distritos.
A esa situación irregular, contó Arrúa, se le sumó que el dinero era retirado muchas veces por ventanilla y llevado el Ministerio de Desarrollo Social en mochilas, aunque no siempre quienes retiraban la plata eran los titulares de las cuentas y no se presentaban permisos para ello.
La ex funcionaria recibió amenazas por revelar el escándalo de corrupción. Ante el nuevo episodio intimidatorio, Arrúa declaró en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°2 de Esteban Echeverría.
“Ratifiqué la denuncia original por amenazas de muerte que tengo realizada desde la causa ‘aportantes truchos’ del año pasado”, contó la ex dirigente a Diario Pulse.
Y añadió: “Pude ampliar la información de estos perfiles (de redes sociales) que me envían mensajes y también incluir las últimas amenazas que recibí a raíz de mi declaración en la causa Ciprés-Robledo". Se trata de un mensaje intimidatorio y una nota que llegó a su domicilio con la palabra "Falcon", lo cual ya fue incluido en la causa por amenazas.
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Tras esta presentación, detalló los próximos pasos: “Lo que sigue es que la UFI tome las medidas que considere necesarias para poder dar con estos perfiles que amenazan por redes sociales”. Asimismo, Arrúa debe “dar conocimiento al Juzgado Federal Numero 7 para que puedan arbitrar las medidas necesarias de seguridad” y protección de la ex dirigente del PRO.
El mensaje anónimo -con una clara alusión a los Ford Falcon que los grupos de tareas utilizaban durante la dictadura para desaparecer gente- fue dejado en el buzón de su casa de Esteban Echeverría el viernes por la tarde.
“Si hay algo que todas las amenazas tienen en común es que siempre me llegan luego de brindar una o varias notas (periodísticas): pasó en abril, julio, agosto y diciembre del año pasado. Y ahora, luego de que Pulse y varios medios independientes más difundan mi testimonial, en la causa CFP 10742/2018″, explicó en su perfil de Facebook.
Finalmente, concluyó: “Pensé en no publicarlo, en pasarlo por alto. Pero me parece importante que la gente sepa que los dirigentes, del partido que se llena la boca hablando de respeto y tolerancia, poco y nada saben de respetar las disidencias y a las personas que denuncian irregularidades”.
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