Gustavo Gentili, exDirector del antiguo Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi), declaró de forma testimonial ante el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de la causa peajes que involucra a Mauricio Macri. Detalló que presentó dos informes reservados donde se probaron las irregularidades en las que operaba Ausol, cuyo accionista era la macrista Sideco, pero la gestión de Javier Iguacel al frente de Vialidad Nacional decidió evitar.
En diálogo con Diario Pulse, el exfuncionario aseguró que ratificó sus dos informes ante el juez, uno del 29 de mayo de 2015 y otro del 5 de noviembre de ese año, sobre la situación de la concesionaria de Acceso Norte, Ausol S.A., cuyo accionista era Sideco, la principal empresa de Sociedades Macri. En los documentos se hace foco en la evasión impositiva, obras incumplidas, distribución encubierta de dividendos e injustificables niveles de endeudamiento. Sin embargo, no tuvieron eco en Vialidad Nacional, que decidió no hacerles lugar y prorrogar los contratos hasta 2030, con cláusulas leoninas.
Según el informe, hasta noviembre de 2015 la empresa tenía 770 actas de constatación de incumplimientos contractuales y se le solicitó a Vialidad Nacional que no pague el resarcimiento económico por 500 millones de dólares que la firma exigía, por supuestos incumplimientos por parte del Estado y la amenaza de presentar una denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
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Gentili aseguró que este reclamo, al que el gobierno de Mauricio Macri hizo lugar, es "absurdo" porque "la cantidad solicitada supera el patrimonio neto de 71 empresas de las 85 que cotizan en la Bolsa de Comercio. Entre ellas y a modo de ejemplo, Edenor, Edesur, Banco Hipotecario, Metrovías, Molinos Río de la Plata, Transportadora Gas del Norte", entre muchos otros.
Además, aseguró que la empresa pasó como inversiones gastos que, a su criterio, no lo son, "sino que son gastos de mantenimiento, intereses u otros conceptos como hasta marketing que no tiene nada que ver".
Frente a estas irregularidades, Gentili también presentó una acción penal contra los responsables de la concesionaria por conducta de evasión agravada. La misma cayó en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado: "Finalmente le dieron el sobreseimiento a los directores porque la empresa se había acogido a la ley de sinceramiento fiscal. Es decir, Ausol blanqueó plata".
El exfuncionario analizó que el blanqueo "es una decisión que no se compadece con una renegociación de contrato, porque la única relación contractual que tiene la empresa es con el Estado. Y si se adhiere al blanqueo es porque los incumplimientos fueron con el Estado".
Con este antecedente, no se puede "renegociar un contrato con una causa penal dando vuelta. Salvo que reconozca la culpabilidad", lo que no ocurrió y, sin embargo, obtuvieron la renovación hasta 2030 y el raseguro de 500 millones de dólares.
Por eso, analizó que la extensión de la concesión "es muy perjudicial para los intereses del Estado, porque no correspondía hacer eso" ya que pasaron como inversiones "gastos que no lo son", "le han adjudicado en forma directa obras por 7.300 millones y le han prolongado el plazo".
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