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El abogado Dámaso Pardo fue nombrado como presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Pardo es parte del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez Artnsen y Martínez de Hoz (h), conocido por sus siglas PAGBAM, y desde allí comanda el área especializada en propiedad intelectual.
Ahora, ese estudio tradicional, que incluye entre otros al hijo del periodista Mariano Grondona, desembarca en el Estado en el área encargada del patentamiento de productos industriales. Al igual que en el caso de Aranguren, la designación quiebra lanzas con la ley de Ética Pública, ya que un funcionario tiene prohibido "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".
Es decir: Pardo pasa de asesorar a sus clientes en casos sobre propiedad industrial a dirigir el organismo que regula directamente esa área. La ley obliga al flamante funcionario a "renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo" o "abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES ( 3 ) años o tenga participación societaria".
El dato fue difundido por el Observatorio Sudamericano de Patentes. Desde el INPI confirmaron la designación de Pardo, cuyo nombramiento no fue publicado aun en el Boletín Oficial, aunque remarcaron que Martínez de Hoz (h) "no es ni será" funcionario del organismo.
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