Un fallo judicial frenó hoy la aplicación de la suba de tarifas en el servicio de gas en el partido bonaerense de La Costa, por lo que la empresa concesionaria deberá refacturar. La jueza de Garantías de Dolores, María Fernanda Hachmann, ordenó a la compañía Gas de la Costa, que presta servicio en la región, que se abstenga de aplicar los aumentos tarifarios.
Al menos hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida sobre la presentación del per saltum que realizó el Gobierno de Mauricio Macri para resolver la cuestión de fondo, este fallo beneficiará a unos 22 mil usuarios particulares.
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La empresa Gas de La Costa construyó y opera las redes en Mar de Ajó desde en enero de 1993; en Santa Teresita desde agosto de 1994; y en San Clemente del Tuyú desde diciembre de 1996, mientras que en los últimos años se fue expandiendo al resto de las localidades linderas.
Esta empresa cuenta con 450 mil metros de redes y gasoductos y cinco estaciones reguladoras de presión para abastecer de gas natural al Partido de la Costa, donde tiene unos 22 mil clientes (20 mil residenciales y 2 mil comerciales).
La jueza de Garantías interviniente ordenó a la compañía de gas que "se abstenga de aplicar a los usuarios el régimen tarifario contemplado en las resoluciones 28/2016 y 31/2016" que implican un aumento respecto de las anteriores tarifas.
Para adoptar su decisión, la magistrada bonaerense argumentó el "incumplimiento por el Estado nacional en relación al procedimiento de audiencia pública" exigido por las leyes vigentes ante la modificación de cuadros tarifarios.
La jueza hizo referencia a "la urgencia que el caso exige al tratarse de usuarios/ciudadanos de un servicio esencial como lo es el del gas natural, que en su economía diaria verían afectado el derecho a acceder al servicio" debido a los costos del aumento impulsado por el macrismo.
Hachmann hizo lugar a un recurso de amparo impulsado por los concejales del bloque del Frente para la Victoria local, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Angel Rajoy, y el asesor legal, Carlos Rajoy, en una presentación que realizaron la semana pasada.
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