La Oficina Anticorrupción (OA), cuya titular es la ultra macrista Laura Alonso, fue condenada a entregar en un plazo de 15 días toda la información y documentación que desde hace un año le oculta a la Auditoría General de la Nación (AGN), que intenta analizar su desempeño al igual que hace con el resto de los organismos públicos.
El fallo del juez Enrique Lavié Pico establece que el organismo no respeta los cánones básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública. “La negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia…”, afirmó al juez, invocando un fallo de la Corte Suprema.
Para fallar, el magistrado se basó en el decreto 1172/2003, de Acceso a la Información Pública, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, y por la ley homónima, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.
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La OA fue denunciada con un amparo por la AGN, que realiza el control externo de las reparticiones públicas, después de meses de toparse con trabas y excusas de la repartición, incluso volcadas por escrito. El organismo que dirige Alonso nunca había sido auditada.
Lo que la OA no quiso entregar hasta ahora es un listado de sus manuales de procedimiento y guías de trabajo y, además, detalles de su labor entre 2016 y 2018, con las listas de denuncias presentadas ante la justicia, la de las denuncias recibidas y su estado actual.
La resolución emitida por Lavié Pico enumera todos los pedidos y reiteraciones que hizo la AGN así como las excusas con las que respondía la OA para eludir la respuesta. El organismo dirigido por Alonso decía que antes de contestar quería “las preguntas de los cuestionarios correspondientes al relevamiento inicial”. Pedía “información sobre el proyecto de auditoría, en especial se informen los objetivos, el alcance de los trabajos, los criterios y procedimientos que se van a ejecutar y los resultados que se esperan alcanzar”. Llegó a decir también que los requerimientos eran difusos ya que “lo requerido podría hacer referencia a una diversidad de datos, registros e información tanto estadística como sustancial, de alrededor de 4000 actuaciones”. La AGN advirtió que alteraba los roles de “auditor y auditado” y que “dilataba” intencionalmente sus respuestas.
El fallo es contundente y considera que “la información requerida no puede estar sujeta a condicionamiento alguno por parte del organismo auditado, y la reticencia en suministrarla obstruye el desenvolvimiento de las tareas de auditoría constitucionalmente otorgadas al órgano de control, más aún teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el primer requerimiento”.
La palabra de la querella
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta se refirió al pedido de información pública negado por la Oficina Anticorrupción dirigida por Laura Alonso: “A partir de la declaración de Laura Alonso que dijo que no había querellado a ningún funcionario actual, hicimos un pedido de acceso a la información pública”. “Pedíamos a la Oficina Anticorrupción un listado de todas las denuncias que recibieron y en cuantas se investigó y en cuantas se presentó como querellante”, agregó.
En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, la letrada detalló: “Pedimos cuántos casos querellaron a funcionarios del kichnerismo y del macrismo. Laura Alonso primero pidió una prórroga y luego nos negó la información y dijo que no sabe cuándo fue designado cada funcionario”. “La Oficina Anticorrupción es la que tiene que controlar las Declaraciones Juradas y ver si hay conflicto de interés. ¿Cómo van a contestar que no saben cuándo asumió cada funcionario?”, remarcó.
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