La operación para desplazar a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó orquestada por el Gobierno de Mauricio Macri y el Colegio privado de abogados del establishment quedó a la vista. Este grupo de abogados, que nuclea los estudios de la city porteña y escribas de dictaduras, inició en su momento una causa judicial donde plantearon que el requisito del juicio político para remover a la Procuradora era inconstitucional. El Gobierno, en un juego de pinzas, fue parte de la maniobra y les dio la razón. Ahora, con Gils Carbó fuera de juego, esta entidad de lobby judicial afirma que ya no le interesa seguir con la causa. El motivo es claro: no se trataba de que fuera inconstitucional, sino de sacar a Gils Carbó de su cargo.
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“El interés de las actoras, vinculado a la remoción de la Procuradora General, ha desaparecido”, dice el escrito presentado por Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge ante la Cámara Contencioso Administrativa. Lipera lo hace como presidente del Colegio del establishment, Fonrouge como titular de la Asociación Será Justicia, las actoras que son uno y lo mismo. Será Justicia es un sello de goma del Colegio de la calle Montevideo.
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Macri tuvo una obsesión con Gils Carbó. “Lo lógico es que siempre el presidente de la Nación proponga un procurador”, afirmó Macri, en una de sus frases más tenues sobre la ex procuradora. “Gils Carbó no tiene autoridad moral para continuar en su cargo“, dijo en otra oportunidad, y el pedido de desplazamiento de Gils Carbó fue constante durante su campaña y luego de asumir la presidencia. Para esto, contó con el lobby de los abogados del establishment, a quienes retribuyó con una incidencia desmesurada en la gestión pública y en el armado de la nueva legislación para los negociados con el Estado que beneficia principalmente a los clientes de esos abogados.
Desde el inicio, esta causa fue una operación de Macri en alianza con el Colegio de la calle Montevideo, entidad que el periodista Horacio Verbitsky definió en 7 palabras: “el establishment jurídico que postró al país”.
El modus operandi fue la presentación de dos denuncias gemelas. Una la presentó el propio Colegio de la calle Montevideo y otra Será Justicia, su sello de goma. Los nexos entre ambas y el Gobierno eran y son evidentes y el devenir de la causa prueba como coordinaron la embestida contra Gils Carbó entre Balcarce 24 y Montevideo 640.
El presidente del Colegio, Lipera, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir su sello de goma. Lipera fue propuesto por Macri como conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Fonrouge pulula por los pasillos de Casa Rosada y varios ministerios para dar letra a la legalidad a medida de la nueva Patria contratista. Otro caso es el de Maria Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), fundadora de Será Justicia y que ahora se postula para camarista federal con el visto bueno de la Casa Rosada. Otro miembro prominente del Colegio de abogados del establisment es Ricardo Gil Lavedra, todoterreno defensor de funcionarios PRO mientras oficia de asesor “ad honorem” del ministro de Justicia Germán Garavano y cobra millones por representar a la AFIP en la causa contra Cristóbal Lopez.
La estrategia de las denuncias gemelas tiene un nombre: Forum Shopping. Es decir, elegir que juez les convenía. La denuncia de Será Justicia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la del CACBA a Rita Ailán. A pedido del CACBA, el juez Marinelli las unificó. Es el mismo juez que rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó “blanqueo”) a los familiares de los funcionarios.
Gils Carbó logró recusar al juez Marinelli pero le tocó entonces a Pablo Cayssials, magistrado con estrechos vínculos con el el Grupo Clarín, uno de los eternos detractores de la ex procuradora por su intervención en causas que frenaban desmanejos del holding comandado por Héctor Magnetto.
El juez Cayssials le hizo el juego a Macri, con un falló que fundamentó con un párrafo del constitucionalista Germán Bidart Campos al que le recortó un fragmento que decía exactamente lo contrario a los intereses del Gobierno. La cuestión pasó a la Cámara. Al poco tiempo, Gils Carbó renunció.
Como queda claro ahora, el único objetivo era desplazar a Gils Carbó. La excusa era el pedido de que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que sólo se puede remover al Procurador por vía del juicio político. La parte del Gobierno la hizo el ministro de Justicia Garavano, que en lugar de defender la legalidad de las leyes le dio la razón a sus aliados. Fue la confesión de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defenderse frente a estos planteos.
Esta maniobra fue parte importante de los motivos que llevaron a la renuncia de Gils Carbó. No porque tuviera fundamento, sino porque era parte del combo junto al bombardeo mediático, la persecución judicial por la compra del edificio de la Procuración e incluso la publicación en la editorial del diario Clarín del teléfono personal de una de las hijas de Gils Carbó, que recibió numerosas amenazas.
Ahora, con este documento, todo queda claro.
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