Un año en el poder: los diez programas eliminados o vaciados por Mauricio Macri

Luego de su nacimiento en 2010, este programa repartió 5.400.000 netbooks a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos de educación secundaria, especial y de formación docente. Este año, el Ministerio de Educación y Deportes despidió a los 60 empleados del equipo central y solo 6 se quedaron en este programa.

Se priorizaron los perfiles técnicos por sobre los pedagógicos y se desmanteló la área que desarrollaba las capacitaciones, realizaba talleres en escuelas y organizaba encuentros nacionales. Bajo la gestión de Esteban Bullrich solo se repartieron 200 mil computadoras y no se cubrió la totalidad del alumnado que ingresó este año al secundario y se trataba de un remanente de la gestión anterior.

El gobierno de Mauricio Macri recortó fuertemente el programa Asistir, que depende del Ministerio de Trabajo, a través del cual se brinda información y asesoramiento sobre sus derechos laborales. Cumple una importante función social ya que los principales demandantes de este asesoramiento son personas de bajos recursos.

Hasta diciembre contaba con 20 abogados, dos psicólogos y tres administrativos. Pese a la gran cantidad de despidos, que se aceleraron en el segundo semestre, hoy Asistir funciona con 10 abogados y sin asistencia psicológica.

En paralelo a los despidos que hubo en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, más de 300 mil jóvenes dejaron de percibir el beneficio económico del Progresar. De los 130 despidos en la cartera de Alfonso Prat-Gay, 100 fueron aplicadas sobre los trabajadores del programa lanzado en enero de 2014 por Cristina Kirchner, que quedó sin personal.

El recorte en el Progresar ya se refleja en el número de jóvenes que acceden al beneficio: era más de 960 mil en noviembre pasado y en abril de este año se redujo a 600 mil, según informó el propio Gobierno. Gran parte de los despedidos integraba la red territorial, cuya función era llevar información sobre el programa puerta a puerta en zonas del interior del país donde se hace difícil acceder a ese tipo de información.

El gobierno de Mauricio Macri decidió derogar el programa Argentina Sonríe, lanzado por Cristina Kirchner en diciembre de 2014 y que había atendido a 31.900 personas. Hasta diciembre de 2015 había 2316 personas en tratamiento y 3300 prótesis instaladas. Además, había 626 talleres de prevención de salud bucodental con 11638 participantes. Se hacía limpieza de dientes, arreglo de caries, tratamiento de conducto, extracción dental y colocación de prótesis. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre, que lleva la firma del ministro Jorge Lemus, la decisión fue por cuestiones técnicas.

El corte abrupto del programa, que era gratuito, generó una fuerte demanda a nivel municipal de asistencia odontológica debido a que había tratamientos que estaban inconclusos y cuyos costos en el sector privado oscilan entre 8.000 y 15.000 pesos.

Desde la asunción de Mauricio Macri, los Centros de Atención Judicial (CAJ), que ofrecían un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, derivación institucional, acompañamiento psicosocial y mediación comunitaria, fueron desmantelados. Hasta diciembre pasado existían 82 CAJ, pero Cambiemos cerró al menos 30, en su mayoría en el conurbano bonaerense, y despidió a más de 200 trabajadores.

Si bien este programa, a través del cual se puede finalizar los estudios secundarios, continúa vigente, el Ministerio de Educación y Deportes lo trasladó a las provincias que, debido al escaso presupuesto con el que cuentan, tuvieron que ajustar el programa y abrir menos comisiones. Más grave aún, a través de una resolución publicada en abril, la gestión de Esteban Bullrich dio de baja en FinEs en las Universidades, donde ya no se podrán inscribir nuevos alumnos a partir del año que viene.

Este programa nace en plena crisis internacional del 2008 y apunta a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan terminado la secundaria. el objetivo es la inclusión social y laboral personas afectadas por el desempleo y la precarización laboral.

Hasta diciembre pasado el programa contaba con 21 trabajadores y ahora solo quedaron 7 debido a despidos y reubicaciones. Si bien el contenido de los cursos donde se le hace conocer a la persona sus derechos y obligaciones laborales no cambió, la llegada al territorio, principalmente enfocado en barrios vulnerables, bajó considerablemente al punto de que cayó a la mitad la cantidad de adherentes al programa.

La gestión del ministro de Salud, Jorge Lemus, echó a 55 profesionales que pertenecían a este programa. Sólo 19 conservaron el puesto, pero fueron reubicados en otros sectores. Así, se redujo la capacidad de acción y abordaje territorial de esta área que, en 2015, distribuyó en centros de salud de todo el país 33.212.649 de métodos anticonceptivos.

Quedaron muy afectadas las Áreas de Monitoreo y Evaluación, Fertilidad, Diversidad, Comunicación y Promoción Comunitaria. Hay una imposibilidad de contar con información fidedigna sobre la distribución de métodos anticonceptivos, el seguimiento sobre las prestaciones realizadas por los efectores de salud en los distintos niveles de atención, el seguimiento de la organización de los servicios y la calidad y atención de los mismos. Esto dificulta gravemente la toma de decisiones de la política pública en torno de los derechos sexuales y reproductivos.

Mediante la resolución 454, publicada en abril en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud dio de baja el plan Qunita con el pretexto de que los elementos que acompañaban las cunas eran "muy riesgosos". El objetivo de Qunita era reducir la muerte súbita de bebés menores de un año y se entregaba de forma gratuita a mujeres beneficiarias de la asignación universal por embarazo.

Tras la entrega de 67 mil kits, en septiembre pasado el juez Claudio Bonadio rechazó acondicionar los objetos y, pese al repudio de neonatólogos y pediatras, ordenó la destrucción de 60 mil kits. UNICEF cuestionó la decisión y pidió que se revean los aspectos técnicos. Bonadio cambió de opinión y dijo que reutilizar los materiales del Plan Qunita es decisión del Ministerio de Salud.

Luego del recorte de 3.000 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología para 2017, las consecuencias se empiezan a observar en los programas de la cartera que conduce Lino Barañao. Desde el CONICET denunciaron que para el año próximo ingresarán un 60% menos de investigadores al organismo, lo que representa la cifra más baja desde 2004.

Esto choca contra el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva "Argentina Innovadora 2020", que se lanzó hace tres años y que fijaba el objetivo de alcanzar 5 investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa.