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"La Justicia había dado dos semanas de plazo para que la empresa resuelva si va a seguir o pasa a manos de algún inversor que acuerde con el Gobierno. Ahora pasó a ser de 48 horas. Tienen que responder el lunes, entonces estamos evaluando quedarnos acá (en la autopista Riccheri) hasta el lunes", dijo a este medio el delegado de la Comisión Interna de Cresta Roja, Javier Blanco.
Por su parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo que "los dueños (de Cresta Roja) deben tomar un decisión, y no que la provincia tenga que proveer los insumos o el pago de los salarios. Nosotros rechazamos los cortes, pero estamos agotando las instancias de diálogo", señaló en conferencia de prensa en Casa Rosada.
"Estamos trabajando en el cuidado de las fuentes de trabajo. El Gobierno Nacional ha hecho un depósito esta semana como parte del salario de los trabajadores", dijo la gobernadora, pero aclaró "el conflicto para nosotros no debe expresarse cortando las rutas. No es necesario sostener este corte. Sobre todo cuando estamos genrando un espacio de diálogo. Nosotros nos hemos presentado en la Justicia".
No obstante acusó a los empresarios: "Vamos a ser rigurosos con los dueños. Hay una responsabilidad de los dueños de Cresta Roja. Es un sector al que no le va mal, y ha recibido muchísimo apoyo del Gobierno Nacional".
En noviembre, los trabajadores de Rasic Hermanos, intervenida por la anterior administración provincial, realizaron cortes de avenidas y autopistas en reclamo al gobierno bonaerense del restablecimiento del envío de fondos para alimentar a las aves, luego de haber tenido que sacrificar 9 millones de pollitos por mala nutrición.
La empresa avícola, con dos plantas de faena en el partido bonaerense de Ezeiza y granjas de reproductores en la región, comenzó a tener serios problemas a fines de 2013, cuando acumulaba una deuda cercana a los 1.200 millones de pesos. En 2014, se presentó en convocatoria de acreedores y, en marzo de 2015, estuvo a punto de cerrar por los conflictos gremiales que derivaron del intento de sus dueños de reducir 30 por ciento la plantilla de personal, que totalizaba unos 3.000 trabajadores.
El por entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, ordenó una intervención, que estuvo precedida de gestiones encaradas por Alejandro Granados, su ministro de Seguridad y hombre fuerte de Ezeiza.
Desde septiembre último, quedó a cargo de la compañía un interventor avalado por la Justicia: Daniel Gurzi.