La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, enfrentó este miércoles su primera declaración indagatoria. Fue ante el juez federal Luis Rodríguez, quien la acusa de “encubrir” el accionar del entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sobre quien pesa una imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber sido accionista de Shell y, a la vez, haber favorecido desde la cartera que conducía a esa misma petrolera. Pero esta no es la única causa que la exdiputada macrista tiene abierta en los tribunales federales de Comodoro Py. Ni la más incómoda.
El caso Aranguren
El magistrado Luis Rodríguez le imputa a Alonso haber actuado “con abuso de autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado, al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar al Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería”. “Todo ello en miras de ayudar al nombrado a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses que registraba, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distintas conductas delictivas que se encontraban vinculadas al ejercicio de la función pública” de Aranguren en la cartera energética, añadió el titular del juzgado federal Nº 9.
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Entre otras cosas, Rodríguez le recrimina a la titular de la OA “no haber evaluado y controlado el contenido de la declaración jurada” que Aranguren emitiera ante la dependencia a su cargo el 16 de febrero de 2016 “y de la cual surgiera manifiesto el conflicto de intereses existente entre el nombrado y el grupo empresario Shell”.
Ante el juez, Alonso se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que sostuvo que no encubrió una infracción de Aranguren ni omitió actuación alguna en la OA. Entre otras cosas, aseguró que “el conflicto de intereses no es en sí mismo una situación irregular o intrínsecamente negativa”, algo que es rechazado por distintos especialistas consultados.
La postura de Alonso respecto al conflicto de intereses no sorprende.
Oficina Antikirchnerista
En otra causa que avanza en los tribunales de Retiro, a la titular de la OA se la investiga por su parcialidad política en los casos a seguir desde la oficina que dirige. Concretamente, se sospecha que no intervino a conciencia en los casos donde hubo funcionarios macristas denunciados.
Este caso la expone a Laura Alonso como uno de los brazos ejecutores de la persecución del actual Gobierno contra exfuncionarios de la gestión anterior.
Según la pesquisa el fiscal federal Ramiro González (el caso lo delegó en él el juez Ariel Lijo), la OA durante la gestión de Alonso se presentó como querellante en 20 causas: 19 fueron expedientes contra exfuncionarios kirchneristas. Uno solo fue contra un macirsta: el titular de la AFI, Gustavo Arribas, cuyo caso no prosperó
Esa cifra surgió de una consulta que realizó González a todos los juzgados de Comodoro Py para que informen si tenían causas con funcionarios o exfuncionarios denunciados en los que la OA se hubiera presentado como querellante. La consulta era para casos abiertos desde diciembre de 2015. Es decir, durante la gestión de la exdiputada PRO.
Ahora, otro interrogante que están buscando despejar los investigadores es si algún juzgado le pidió intervención a la OA en expedientes donde había funcionarios macristas apuntados y la oficina miró para otro lado. Según pudo reconstruir El Destape, el informe sobre este punto está en elaboración pero ya apareció al menos un caso donde el organismo encabezado por la exlegisladora PRO prefirió no intervenir. Se trata de una causas aún en trámite que tiene a Esteban Bullrich como protagonista.
Atenta a que el panorama judicial se le está volviendo cada vez más espeso, Laura Alonso nombró abogada defensora en este expediente el pasado 12 de noviembre. Se trata de la misma letrada que la defiende en la causa en que esta imputada con Aranguren: Marta Nercellas, quien patrocinó al extitular de la DAIA, Rubén Beraja, y al funcionario de AFIP vinculado a Carrió, Jaime Mecikovsky, quien está siendo investigado en la causa por espionaje ilegal a jueces.
La huella en el Correogate
Otro expediente “sensible” en el que está denunciada Laura Alonso es el del Correogate, que involucra directamente al presidente Mauricio Macri. Allí fue apuntada por lo que ya parece un modus operandi: una resolución de la OA en la que se considera que los funcionarios del gobierno involucrados en el armado de un acuerdo que beneficiaba a la familia Macri en detrimento del Estado no cometieron ninguna irregularidad.
Se trata de la causa penal en que se investiga la condonación por parte del Gobierno de una deuda millonaria que tiene la familia Macri con el Estado. El mentado expediente se inició luego de un dictamen revelador de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien denunció el bochornoso acuerdo que impulsaba la Casa Rosada.
A pesar de “la buena voluntad” de Alonso, por ese acuerdo ruinoso para el Estado ya fueron indagados distintos funcionarios, entre ellos, quien fuera ministro de Comunicaciones (hoy ministro saliente de Defensa), el radical Oscar Aguad. También está involucrado el propio presidente de la Nación.
Conflicto de interés...en la OA
Otra causa con un caudal probatorio que compromete a Laura Alonso se desarrolla en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. En este caso, hay sospechas de conflicto de intereses y abuso de autoridad por parte de Alonso para supuestamente beneficiar a una consultora amiga. Y se investiga si la titular de la OA pagó con fondos públicos su promoción política.
Según pudo constatar El Destape hubo declaraciones de empleados de la Oficina Anticorrupción en sede judicial y allanamientos que complicaron a la titular de la Oficina Anticorrupción.
En el centro de este expediente está una consultora vinculada al PRO, Consuasor, que estaba a cargo de la comunicación de la OA.
De acuerdo a una denuncia que hizo el abogado Leonardo Martínez Herrero, en base a un trabajo periodístico de Sebastián Lacunza, se supo que Consuasor “se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a la Lic. Alonso ante un evidente conflicto de intereses”. El lobbying es la representación de intereses privados frente al Estado.
De acuerdo a la presentación del letrado, “el vínculo de Alonso con Consuasor era uno entre varios ya que Triaca, Bergman, Federico Pinedo y Julio Martinez (Defensa) más Urtubey en Salta le habían extendido contratos similares”. Es decir, era una consultora PRO con muchos vínculos comerciales con el Estado.
Los socios de Consuasor, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice, tenían contratos con la OA y otros organismos estatales dirigidos por funcionarios macristas. Esto se conoció por un pedido de información pública que realizó Lacunza. Entonces, las dependencias comenzaron a dar de baja los vínculos comerciales con estas personas.
Como están involucrados funcionarios, Casanello apeló a la Fiscalía Anticorrupción -la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- para que realizara un estudio técnico sobre eventuales incompatibilidades en las contrataciones cuestionadas. Todavía no está listo.
En el marco de esta causa, el 5 de junio pasado, se realizó un allanamiento en un domicilio de Alejandro Giudice. Del procedimiento surgieron documentos relacionados a la imputación inicial por malversación de fondos públicos.
En un archivo informático se encontró una planilla Excel con los montos facturados y los realmente cobrados entre 2016 y 2018. Allí apareció el nombre de Laura Alonso, en dos columnas. Entre ambas, se consignaron pagos entre marzo de 2017 y abril de 2018 por más de un millón de pesos, tal como publicó Lacunza -y ratificaron en sede judicial-. No está claro si el dinero salió de la OA o, por ejemplo, lo aportó la propia Alonso, de forma personal. Como se sospecha que podría tratarse de retornos, el juez Casanello presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.
Una causa derivada
A partir de la causa a cargo de Casanello, se abrió otro expediente en el juzgado a cargo de Rafecas. Es que a partir del procedimiento en el domicilio de uno de los socios de Consuasor surgieron indicios de posibles retornos entre la consultora y no sólo Laura Alonso sino también otras dependencias del Estado. Se trata de una hipótesis que actualmente analiza la Justicia.
Por todo esto, el horizonte judicial de Alonso asoma bastante cargado.
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