En su primer discurso como presidente de la Nación, Alberto Fernández dejó en claro que quiere implementar una reforma profunda en el sistema federal de Justicia y en el área de inteligencia. En los tribunales de Comodoro Py, los más políticos del país, tomaron nota y entienden que se vienen tiempos de cambios estructurales.
En su ponencia ante la Asamblea Legislativa, Fernández no anduvo con rodeos y fue enfático respecto a la política judicial que tendrá su gestión: “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”, prometió. “Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”, afirmó inmediatamente después. Y sentenció: “Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más”. Acto seguido, anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de fuerte injerencia en el edificio de Retiro. Y el fin de los fondos reservados para la exSIDE, que restituyó el gobierno saliente. Ambas medidas son el paso previo a la reestructuración de todo el sistema de inteligencia del Estado, según adelantó el flamante jefe de Estado. Para completar dijo que enviará un conjunto de leyes al Congreso que consagrará “una integral reforma del sistema federal de justicia”.
En Comodoro Py la reacción fue diversa.
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“El discurso me pareció excelente”, señaló un magistrado con asiento en los tribunales de Retiro. Un colega suyo lo definió como “muy bueno”. “Todas sus iniciativas ya habían sido insinuadas como candidato”, agregó y no se mostró sorprendido. Un experimentado juez de Py coincidió: “Es el cumplimiento de sus justas promesas electorales”. Pero advirtió: “Habrá que ver si las medidas consiguen el resultado esperado”. Luego dio lugar a la queja: “La mayoría de las críticas son justas”, señaló, pero “cargan las tintas con los jueces, que son minoría, y se olvidan de los fiscales, que son mayoría”. Otros directamente dijeron que no escucharon al primer mandatario.
Lo que está claro es que Fernández busca instalar en su administración un punto de inflexión para la dinámica que marcó la vida cotidiana de los tribunales de Comodoro Py desde el regreso de la vida democrática.
Esto se da luego de una persecución descarnada contra la expresidenta y flamante vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien expuso la ofensiva en su contra durante su alegato ante el TOF Nº 2, en el juicio conocido como de la Obra Pública en Santa Cruz. Allí, Cristina derribó las acusaciones en su contra y describió cómo fue víctima del Lawfare, que se desplegó en el país apenas asumió Mauricio Macri.
No fue la única perseguida. Alberto Fernández se encargó de recordarlo este martes en el Congreso: “Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática”. Fue entonces que planteó “un contundente Nunca Más”. No es casual que Carlos Zannini, detenido de forma injusta, haya sido designado por Alberto como Procurador General del Tesoro.
Interrogante
Ante la reforma que impulsa Fernández se abre un interrogante. Cómo reaccionarán los jueces en las causas donde están involucrados exfuncionarios macritas. Por caso, ya avanzaron procesamientos contra la titular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión anterior, Laura Alonso; el exministro de Energía y Minería cambiemita, Juan José Aranguren; y hasta Luis María Blaquier, exsubdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El propio Macri está denunciado en distintos expedientes, entre los que se destacan El Correogate y la causa de los peajes, donde el exprocurador del Tesoro, Carlos Balbín, que fue eyectado del cargo de forma polémica, aceptó declarar como testigo, por escrito.
Ante este escenario, en Comodoro Py esperan que algunos magistrados, que cumplieron un rol central en el engranaje judicial que fomentó el macrismo, dejen sus cargos (muchos están en condiciones de jubilarse). Y miran de reojo la posible implementación plena de la reforma procesal, que dará pista al sistema acusatorio, con el que los fiscales ganan mucho peso en el impulso de las causas penales.
Fernández fue contundente respecto a lo que pretende: “Una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia”. Por eso, remarcó: “Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más”.
Otra Justicia asoma en el horizonte. A buena hora.
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