El Programa de Protección a Testigos e Imputados depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Germán Garavano, pero hay un cuarteto que está al frente de este área y que son los encargados de llevarla adelante y permitir un descontrol que va desde dejar sin fondos económicos a testigos, no brindarles la asistencia necesaria, apretar a otros y, según denunciaron a este medio, que “falte plata” en algunas entregas de dinero, según pudo reconstruir El Destape.
El Director se llama Francisco Lagos, es un hombre de 46 años que trabajó en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desde agosto de 2015 hasta julio de 2017 para luego desempeñarse en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde entró en febrero de 2016, apenas comenzada la gestión de Cambiemos, y continúa en la actualidad.
Lagos responde a Juan José Benítez, subdirector de Política Criminal. De 41 años, trabajó en Convenio Marco MJDH Acara Automotor Leyes 23283 y 23412, destinada a brindar servicios generales de la Administración Pública desde enero de 2016 hasta marzo del siguiente año. Trabajó en el Poder Judicial desde marzo de 2012 hasta enero de 2016 y actualmente se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Germán Garavano.
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Carlos Linsalata era la mano derecha del director Lagos. Desde 2012 figura como empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que es subcomisario de la Policía porteña, donde continúa hasta la fecha, tras haber sido expulsado del Programa. En el medio, se desempeñó bajo la órbita de la AFIP, de quien depende la Aduana donde trabajó con Juan José Gómez Centurión, involucrado en la "mafia de los contenedores". Allí estuvo sólo cinco meses, desde marzo de 2016 hasta agosto de ese año. Antes de todo ello, de 2010 a 2012 trabajó en el Ministerio de Justicia porteño y a comienzos de esta década en los supermercados Día.
Linsalata es un hombre que ingresó al Programa por la puerta trasera y que fue echado luego de que Rodolfo Tailhade hiciera un pedido de informes para conocer cuál era su rol dentro de esta Dirección. Es el hombre apuntado por ser una de las patas políticas del Gobierno dentro de ese espacio de cuidado, nexo con el Ministerio de Justicia para “recomendar” o “sugerir” a los protegidos sus declaraciones en casos resonantes para el oficialismo.
Guillermo Gresia es el Asesor Legal del Programa de Protección de Testigos. Presta actividades a la administración pública mediante el Convenio Marco MJDH Acara Automotor Leyes 23283 y 23412, pero es un hombre que llegó del Club Atlético Boca Juniors. Trabajó en el club de la ribera desde noviembre de 1996 hasta abril del 2009 pero antes integró la empresa YPF S.A., desde 1974 hasta 1994.
El otro integrante del cuarteto que está bajo el paraguas de Lagos, sostenido por Benítez, es Federico Fernández Funes. Un radical asesor del ministro Garavano que está a cargo de compras y contrataciones para el Programa. Su único trabajo fue dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde ingresó en junio de 2018. Sus actividades son "profesionales, científicas y técnicas" con "servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial".
Finalmente, se encuentra Juan Rebollo, quien es coordinador de operaciones. Con él, los operadores deben debatir y definir cuál es la mejor estrategia para cuidar a cada testigo y llegar al paso final: su relocalización definitiva con nueva identidad, trabajo y una vida normal. Vinculado al automovilismo, trabajó en diferentes empresas vinculadas al Top Race como Trv6 S.A., Top Race V6 S.A., Fideicomiso Top Rase o Neumáticos Ugarte. Todos empleos que desempeñó desde el 2010 hasta 2014. En paralelo, se desempeñó en la empresa de seguridad Mawe S.A. desde 2007 hasta 2014, donde volvió en 2015 por dos años más, cuando entró al Ministerio de Justicia.
Debajo de ellos, en la estructura siguen los operadores, que son los encargados de cuidar a los protegidos, hacer análisis de riesgos y, finalmente, si el procedimiento sale como debería, relocalizarlos con una nueva vida, un hogar y un trabajo para poder seguir con cierta normalidad.
Dentro del esquema también ingresan “Los Lobos”, un grupo de custodios del Servicio Penitenciario que son empleados como los guardianes de aquellas personas a proteger, algo así como guardaespaldas asignados para seguimiento personal. Finalmente, están los choferes, empleados rasos que trasladan a los trabajadores y a los testigos de un punto a otro.
Las comunicaciones en general son trianguladas. Los testigos llaman a la base para poder dar con su operador o lo pueden hacer directamente mediante un teléfono celular especial que se les asigna para tal fin. Una testigo protegida confesó a El Destape que estos aparatos tienen geolocalización, para saber su ubicación, que graban audio constantemente y un botón antipánico por cualquier cosa que pudieran necesitar.
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Ese es el esquema bajo el cual funciona la Dirección de Protección de Testigos e Imputados. Según manifestaron distintas fuentes, los directivos no están capacitados para llevar adelante el trabajo, lo cual pone en riesgo vidas: la de los empleados y la de las personas cuidadas.
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