Una línea interna de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), manejada por Miguel Busrinduy, anunció un cese de actividades a nivel nacional para el próximo martes. Sin embargo, el gremio que conduce Roberto Fernández desconoció la medida de fuerza y aseguró que el sindicato no declaró ninguna acción en este sentido.
Con un comunicado dirigido a los afiliados, Fernández aseguró que "son momentos difíciles en materia económica" para el país, destacó que hay un nuevo gobierno al que le desean "el mayor de los éxitos" pero pidió "no sucumbir ante los cantos de sirena" lanzados desde este sector disidente. Un discurso al que calificó de "fácil" y con "palabras agradables que disfrazan el engaño".
El titular de la UTA señalo que "la irresponsabilidad de algunos y la complicidad de otros no hagan naufragar la unidad gremial" que busca "mejorar la calidad de vida de los trabajadores". Por lo tanto, advirtió que "estas conductas traen acarreadas consciencias que los terminarán perjudicando".
Fernández aseguró que hay una sola UTA y "nadie puede arrogarse representación" cuando actúan fuera de la ley y el estatuto. Sin embargo, pese a no convocar desde el gremio a un paro, aseguró que reclamarán "soluciones concretas" para el sector.
Según pudo saber El Destape, la medida de fuerza fue convocada por un núcleo duro que responde a Busrinduy, quienes "organizaron el ataque para destrozar la sede del gremio" en diciembre del año pasado. Por ese hecho, están imputados en una causa penal por delitos de estrago, daños lesiones, privación ilegal de la libertad, robo y asociación ilícita. Desde la UTA denunciaron ante este medio que Ángel Faija, quien lidera el grupo Dirá, "está financiando a Busrinduy porque quiere controlar el gremio".
El conflicto actual se desató porque las empresas incumplieron un aumento paritario del 18% adeudado de septiembre del año pasado. Su acuerdo salarial cerró desde abril a diciembre de 2019 con un incremento anual del 42%, por lo que la nueva negociación comenzará en marzo.
El martes habrá una reunión en el ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni. El miércoles tendrían que haber fijado las fechas de pago por los salarios retroactivos adeudados y el aumento a cuenta de paritarias decretado por el gobierno.
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