La iniciativa del flamante secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, apunta a reducir el plazo del pago de las distribuidoras a sus proveedores, las petroleras, para evitar los desfasajes ante saltos del tipo de cambio. Para eso, el Ejecutivo nacional buscará incrementar el tarifazo del 35% ya anunciado para cubrir el costo financiero que tendrán las empresas con la nueva metodología.
Según adelanto BAE Negocios, la confirmación de otro tarifazo al servicio de gas será anunciado en febrero cuando se fijen los precios para el invierno
El principal punto de disenso en la propuesta de Lopetegui es la reducción del plazo del pago de las distribuidoras a sus proveedoras, las petroleras, que pasaría de los actuales 75 días a sólo 30, con la que el Ejecutivo busca evitar desfasajes ante saltos del tipo de cambio, como ocurrió el año pasado por la dolarización del precio del gas.
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Para que los empresarios no pierdan, el Gobierno trasladará los costos adicionales a las facturas de lo usuarios.
La iniciativa fue celebrada por la CEPH, la cámara que nuclea a las mayores productoras ( YPF, PAE y Tecpetrol, entre otras).
Pero las grandes distribuidoras ( Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Eco Gas) adujeron que, como ellas cobran sus facturas a los hogares y comercios 60 días después de la entrega, necesitarán financiarse para poder pagarles a las productoras.
Entonces, para que los empresarios no pierdan, el Gobierno trasladará los costos adicionales a las facturas de lo usuarios.
Un funcionario presente en una reunión que se realizó el miércoles pasado y que tuvo como protagonistas a Energía, el Enargas y las empresas se lo confirmó a a ese medio: "Es posible que las distribuidoras no entraren en quebranto, sino que haya un costo financiero que tendrá que tenerse en cuenta en el cálculo tarifario. Nosotros entendemos que el cambio está dentro de lo que el cálculo prevé; pero si ellos nos demuestran que no, se revisará y se aplicará a las tarifas".
Pese al mensaje público, las distribuidoras confían en la marcha de las negociaciones y ven como una alternativa viable el traslado del costo financiero a los usuarios. "Eso ya es una decisión del Gobierno", expresaron desde una de las firmas líderes.
El proyecto de Lopetegui contempla, además, una subasta electrónica a mediados de febrero para la compra mayorista del gas, donde el precio sea fijado por la oferta y la demanda, y ya no por el Estado. Por eso, la audiencia pública que estaba prevista para fines del próximo mes para discutir las nuevas tarifas aún no está confirmada.
Hasta el momento, el tarifazo de gas acumulado desde 2016 llegaría en junio al 2.401%.
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