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Sin embargo, son muchos los puntos que los jueces deben definir, para un lado o para el otro, por lo que el contenido total del fallo aun es desconocido.
Según pudo averiguar El Destape, el máximo tribunal sostendrá, en línea con la procuradora Alejandra Gils Carbó, la potestad del Poder Ejecutivo para definir las tarifas de servicios públicos, algo que el Gobierno reclama y que hasta el momento no estuvo en duda.
Las diferencias surgen a partir de la no realización de audiencias como requisito previo a cualquier aumento, algo que desde el Gobierno argumentaron que no era necesario porque se trataba de un aumento transitorio y se ampararon en unas audiencias realizadas hace 10 años. La Corte no avalaría esta postura.
Sin embargo, está por verse si le da potestad al Ejecutivo para aumentar el precio de extracción de gas sin necesidad de audiencias, a diferencia de la distribución. La extracción representa, según informes del ministerio de Energía, un 60% de la tarifa, por lo que avalar ese incremento significa respaldar gran parte del tarifazo.
Un punto clave es si, como formuló la Procuradora, se sostendrá la necesidad de que haya aumentos "razonables" y cómo se entiende dicha razonabilidad. ¿Alcanza con la tarifa social para dar por cumplido este requisito, en caso de que se imponga en el fallo? Solo Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti tienen la respuesta.