El expediente que más preocupa al fiscal Carlos Stornelli llegó, después de mucha demora, al Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal (MPF), es decir, al órgano que analiza las investigaciones internas. Se trata de la pesquisa donde se evalúa la conducta del titular de la Fiscalía Federal Nº 4 en el marco del D’Alessiogate, donde tiene ocho imputaciones en su contra. Hay integrantes del consejo que creen que el caso podría derivar en un jury en forma directa, sin pasar por un sumario.
El resultado de las PASO impactó en este expediente, que es el más denso que hay en contra Stornelli en el MPF: por ejemplo, cuenta con la prueba que recabó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien le imputó participación en ocho hechos al fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Esta pesquisa interna estuvo en el Ministerio Público Fiscal durante meses, a manos de Juan Manuel Casanovas, quien está a cargo de la secretaría Disciplinaria y Técnica y es la mano derecha de Casal. Era vox populi que el procurador interino estaba demorando esta investigación, que debía pasar al Consejo Evaluador para poder avanzar. Lo cierto es que tras el contundente resultado de las elecciones, Casanovas se desprendió del expediente, que por fin llegó al órgano integrado por cinco fiscales generales. Según pudo reconstruir El Destape, el envío del expediente se informó a los “consejeros” hace 24 horas. El giro coincidió con una serie de rechazos de la Cámara Federal de Casación Penal en el D’Alessiogate, como lo referente a la incompetencia y la rebeldía de Stornelli.
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Las noticias que llegan desde el consejo no arrojan un buen panorama para Stornelli. Hay miembros que se inclinan por llevar al fiscal directamente a un jury, sin abrir un sumario, es decir, acortar los plazos y avanzar con el juicio político del fiscal.
Es que hay quienes creen que no corresponde un sumario para revisar las imputaciones que hace un juez. De hecho, Stornelli no fue procesado básicamente porque esquivó los seis llamados a indagatoria que tuvo. “No somos una cámara revisora de los fallos de un juez relativas a la imputación de delitos. Evaluamos si hay mal desempeño funcional y, si es grave, aconsejamos un juicio administrativo”, explican desde el Consejo Evaluador.
Aún no está definido cómo avanzarán los fiscales generales. Por ejemplo, en el caso de la rebeldía consideraron apropiado que se abriera un sumario y se sustanciara prueba. El pasado 23 de mayo, Casal dio curso a esa decisión. Eligió un instructor y le otorgó un extenso plazo de 60 días para elevar un informe. El sumariante todavía no resolvió.
En el caso de este expediente en el que se evalúa la conducta de Stornelli hay una diferencia sustancial. Mientras estuvo en manos de Casanovas se estuvo produciendo prueba, que es lo que debiera hacer un sumariante. Por ejemplo, el secretario de Casal llamó a declarar a los trabajadores de la fiscalía de Stornelli. Hizo lo mismo con otros testigos. Además, la pesquisa también cuenta con la información proveniente del juzgado de Dolores. Que es abundante.
Lo que parece claro es que el consejo no recomendará la desestimación de la acusación, que se sustancia en la imputación que realizó el juez Ramos Padilla. El magistrado de Dolores le adjudica a Stornelli participación en ocho hechos: el caso de Gonzalo Brusa Dovat (PDVSA); el intento de realizar cámaras ocultas a los abogados José Manuel Ubeira y Javier Landaburu; el espionaje al ex de su pareja, Jorge Christian Castanon; el haber alentado el espionaje ilegal contra Victoria Munin; el caso de la delegación iraní en Uruguay; la intimidación a Pablo Barreiro; y el caso de Pedro Etchebest.
Así las cosas, se espera para los próximos días un nuevo dictamen del consejo, que no será vinculante aunque sí tendrá mucho peso. La última palabra, no obstante, la tendrá una vez más el procurador general. Así lo dicta la reglamentación.
Si hay consenso para que se le inicie un juicio político al fiscal, comienza otro proceso ya que se deberá conformar un Tribunal de Enjuiciamiento. A través del jury es que un fiscal puede ser suspendido y hasta destituido. Por ende, se pone en juego su inmunidad.
La rebeldía
El 23 de mayo, el Procurador General interino designó a Retes y le dio un plazo de 60 días para que produzca un informe final sobre la rebeldía de Stornelli. Hubo mucha controversia en torno a cuándo se cumplía esa fecha. En el Ministerio Público Fiscal aseguraron que la fecha límite para que se conozca el informe es el 9 de septiembre, porque se trata de días hábiles y Retes, argumentan, inició la investigación el 3 de junio. Para esa fecha, el análisis de la rebeldía de Stornelli tendrá una nueva vuelta de página.
Nulidad, desistida
Las malas noticias judiciales se acumulan para Stornelli. Este jueves la Cámara Federal de Mar del Plata dio por desistido el recurso de apelación de la defensa del fiscal en el incidente de nulidad del D’Alessiogate. Los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez dieron por cerrado el asunto luego de que no compareciera el letrado Roberto Ribas a una audiencia.
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