El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó la intervención del consorcio de empresas que trabajan en el soterramiento de la línea de trenes Sarmiento y nombró un veedor para que analice el manejo de los números, ya que considera que hay indicios suficientes de pagos de coimas,
La medida apunta a controlar e investigar a la Unión transitoria de empresas (UTE) que integraron las compañías Odebrecht, Ghella, Comsa e Iecsa. Esta última está vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri, en particular a Ángelo Calcaterra, el primo del jefe de estado.
Según detalló el periodista Hugo Alconado Mon en La Nación, el abogado Roberto Muguillo será el encargado de controlar a las empresas. Además de fiscalizar el trabajo, también deberá "informarle al juez sobre las estructuras societarias utilizadas, y lo que pueda detectar de valía sobre la posible ruta de los sobornos tras revisar sus libros contables".
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La decisión de Martínez de Giorgi cumple con uno de los dos pedidos que le hizo el fiscal federal Franco Picardi. El otro era una larga lista de embargos y medidas cautelares sobre funcionarios, compañías, empresarios y ejecutivos, entre los que figuraba un embargo a Calcaterra por $167 millones.
Sin embargo, el juez consideró que es medida no era necesaria en el momento que se estaba por definir la situación procesal de los investigados.
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