Son ellos: el Gobierno no tiene excusas por la crisis del dólar

El gobierno ha atravesado una nueva semana de turbulencia cambiaria que no pudo contener llevando la tasa de referencia al 40% anual ni con el anuncio del presidente de un acuerdo de préstamo condicionado con el FMI, que motivó un viaje relámpago del ministro Dujovne para encontrarse con la segunda línea del organismo. Corrida cambiaria contra el peso, paulatino freno de la economía, pérdida de precios de referencia, dificultades en las cadenas de pago y en el abastecimiento son pinceladas de una política vivida en nuestro país como consecuencia de una apertura comercial y financiera descontrolada que solo beneficia la acumulación de capital de algunos agentes económicos muy poderosos.

Cabe en esta etapa formularse dos preguntas: ¿Permitirá otra vez –como sucedió en 2001- la dirigencia política que vacíen las reservas del Banco Central como un último stock de dólares a apropiarse, agudizando la magnitud de una devaluación del peso? ¿El endeudamiento y la fuga de capitales descontrolada serán cargados nuevamente sobre las espaldas del pueblo, mientras los dólares permanecen cómodamente atesorados en los bolsillos de unos pocos, prestos a beneficiarse de una Argentina devaluada?

Estas dos preguntas apuntan a superar el debate reciente, que también se dio en esta columna, sobre el proceso de crisis externa al que nos trajo la política de Cambiemos. La crisis ya está, es sabido por qué ocurre, pero hay que impedir su profundización evitando que desfonden al BCRA y es necesario definir los activos dolarizados exteriorizados por el poder económico para que afronten el costo de su propia política. Es una tarea no menor para todos los que pensamos que no hay ninguna razón para que nuestro país sea recurrentemente expoliado por una élite mediocre, sin grandeza y sin proyecto de nación. Esta vez no hay mediaciones que lo disimulen. Este modelo no se ha implementado a través de la brutal espada de una dictadura militar ni con el renunciamiento a la representación de las mayorías, como ocurrió con los partidos populares durante las dos primeras décadas de democracia. Ahora están ellos al frente del gobierno: exponentes de familias históricamente acomodadas, altos gerentes, altos ejecutivos de empresas relevantes, sectores de la energía, los alimentos, la construcción y la minería son los que ocupan el control de los resortes del Estado.

Son ellos los que han permitido, junto a la ya mencionada apertura comercial y financiera, que se fueran del país en el bienio 2016-2017 -conforme al balance de pagos del Banco Central- u$s 63.000 millones, divididos en: u$s 33.000 por déficit de la cuenta corriente y u$s 30.000 por salida directa de capitales. En el mismo período, exteriorizaron activos fugados del país por u$s 123.000 millones prácticamente libres de todo gravamen en el pasado y hacia el futuro (casi u$s 100.000 permanecen aún en el exterior). Sin embargo, nos afirman sin ponerse colorados que el problema de este país son las jubilaciones, los salarios de los maestros y médicos, los planes sociales y, en general, todo programa de redistribución social con ingresos estatales.

Son ellos los que fugan, los que evaden y los que financian esa política endeudando al Estado, pero además lo hacen con una velocidad y una voracidad que torna insustentable siquiera la existencia de un proyecto conservador de mediano plazo.

Son ellos los que han violentado, con su llegada al gobierno, más de 30 años de una democracia imperfecta, pero democracia al fin, atacando como nunca se vio en estos años a los que pensamos distinto. Lo hicieron a través de la mentira difundida hasta el hartazgo, los servicios de inteligencia y el brazo judicial, construyendo legajos y causas de todo aquel que formó parte o simpatizó con un gobierno popular, sumados a la represión más desembozada de la protesta social que se vio a lo largo de todos los gobiernos constitucionales.

Son ellos los que pretenden, desde un mensaje cínico, acusar a las fuerzas democráticas y populares de los desmadres que han cometido y con los que se han beneficiado, pero, más grave aún, con la intención de hacer pagar el costo a todo el pueblo argentino y reiniciar el ciclo de acumulación rentista.

Somos nosotros los que debemos impedirlo. Que no se lleven las reservas del Banco Central y que los activos de los poderosos afronten la crisis creada.