La semana pasada, el juez federal de Santa Rosa, Juan Baric, sobreseyó a Carlos Martín Montoya, el exfuncionario del SENASA que amenazó con disparar a quienes coloquen carteles de Axel Kicillof, candidato a la gobernación bonaerense, al enojarse por no ver ninguno de María Eugenia Vidal. Lo curioso es que el magistrado se desempeñó como funcionario de este Gobierno, aunque aseguró que eso no pesó en su decisión.
Baric ocupó el cargo de jefe del Servicio Penitenciario bonaerense hasta el año pasado y fue quien dispuso el sobreseimiento de Montoya, quien había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal por los delitos de intimidación pública, incitación pública a la violencia y apología del crimen.
En diálogo con El Destape, el magistrado aseguró que "no está bien lo que hizo (Montoya) pero no encuadra en ninguna figura penal". Sin embargo, sostuvo que los casos en que Mauricio Macri fue amenazado por redes sociales "sí son delito" porque "hay un sujeto pasivo sobre el cual va dirigida la amenaza, cosa que en este caso no la tenés".
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Consultado sobre su vínculo con el macrismo, aunque sea contrafáctico, aseguró que si la amenaza hubiera sido dirigida contra cualquier figura del Frente de Todos, lo hubiera considerado delito.
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La denuncia sobre Montoya se realizó en base a los dichos del entonces funcionario, que se replicaron el 19 de septiembre en muchos medios de comunicación: "Con gran dolor y bronca he visto que por toda la Ruta 5 de la provincia de Buenos Aires hasta 9 de Julio, hay muchísimos carteles de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, más de cuarenta les diría. No he visto un solo cartel de María Eugenia Vidal. A mi si me quieren poner un cartel enfrente del campo, si los veo los cago a tiros, y si veo el cartel colgado dura menos que un pedo en una canasta, lo hago mierda”.
Según fuentes judiciales, la fiscalía entendió que estos dichos infundieron "temor público" además de configurar una amenaza "con la comisión de un delito e incitando a la violencia contra un grupo de personas", lo que generó "una situación concreta de alarma". Incluso, Montoya renunció un día después de conocido el video y, según publicó Infobae, "sin manifestar arrepentimiento de su reacción frente a quienes no comparten sus colores partidarios”.
Pese a ello, el juez definió sobreseerlo al argumentar que se trató de un "exabrupto", al cual calificó como "aquello que se concreta imprevistamente o de forma brusca, impensada".
Según pudo saber El Destape de fuentes que tuvieron acceso al expediente, la fiscalía planteó que el sobreseimiento depende de la certeza de que el hecho no se cometió, no encuadra bajo ninguna figura legal, no fue cometido por el imputado, entre otros puntos.
Por lo tanto, se consideró la decisión como controvertida y con la necesidad de ser analizada ya que, se entendió, no se trató de un mero exabrupto y la desestimación de la causa fue prematura teniendo en cuenta la gravedad de los dichos que, encima, provinieron de un funcionario público.
Por ello, pese a la decisión del juez, fuentes judiciales informaron que se pedirá la revocación del sobreseimiento y se ordenen nuevas medidas para avanzar en la investigación.