Ante las crecientes necesidades insatisfechas de los más vulnerables en plena pandemia y las restricciones tomadas para ralentizar su transmisión, la CTA de los Trabajadores le propuso al Gobierno crear un fondo de emergencia. La central puso a disposición una porción de los aportes de sus afiliados, parte de los damnificados, y le pidió al Ejecutivo que conmine a los grandes empresarios a que cedan parte de sus ganancias.
El organismo que preside Hugo Yasky evaluó que Alberto Fernández "ha afrontado con inteligencia y sensibilidad esta prueba, procurando evitar el colapso del sistema de salud y al mismo tiempo tratando de paliar las dificultades que el distanciamiento social genera en la vida de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad". Sin embargo, advirtió que esta emergencia sanitaria "se produce en el contexto de la pauperización de millones de argentinos como consecuencia de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. La destrucción producida por el saqueo especulativo que endeudó al Estado y empobreció al pueblo argentino hace mucho más difícil sostener en el tiempo medidas como el distanciamiento social".
"Las personas más vulnerables, ya golpeadas por el abandono sufrido en años pasados y del cual apenas empezaban a recuperarse, están hoy más expuestas no sólo a la enfermedad sino a que se agrave su condición de pobreza", apuntó la CTA-T en un documento redactado hoy, al que tuvo acceso El Destape. Es que, con tan altos niveles de informalidad, la cuarentena obligatoria les impide llevar el pan a la mesa a uno de cada cuatro trabajadores.
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Si bien el equipo económico creó el ingreso familiar de emergencia (IFE) para atender las urgencias de los más golpeados, los $ 10.000 son entregados por única vez en abril. La batería de medidas que desplegó el Gobierno implican una inyección superior al 2% del PBI, pero sólo el IFE se enfoca en los empleados no registrados. Aunque la asignación universal por hijo y por embarazo puedan aportar a familias en la informalidad, su fin es distinto.
"Esa parte de nuestra población no puede soportar el aislamiento sin asistencia directa de un Estado que ha sido desfinanciado hasta el agotamiento por las políticas del anterior gobierno. Es la misma población sobre la cual pesa de manera desproporcionada todo incremento de los precios de los productos esenciales para la vida. Los alimentos y los artículos de higiene no pueden seguir aumentando. Hay que controlar los precios y castigar a los especuladores", pide la CTA-T. Para lograrlo, proponen fortalecer las posibilidades de la acción estatal en todos los niveles: desarrollar instrumentos de política pública y dotar rapidamente al Estado de mayores recursos financieros.
Para esto, pidieron que el Gobierno les exija más a quienes tienen mayor capacidad contributiva y a quienes la recesión sólo les hará perder "una porción de las riquezas que nunca han dejado de acumular". "Es precisamente ese poderoso núcleo del empresariado que se ha enriquecido con la concentración económica y la especulación financiera, cuyas ganancias dolarizadas están en los paraísos fiscales, el que hoy pretende imponer por encima de cualquier lógica solidaria la ley del más fuerte", sentenció. El ejemplo paradigmático de esto fue el despido de Techint de 1.450 trabajadores. "Esta brutal decisión no solo se explica desde la óptica de un despiadado calculo económico, sino que está dirigida a convertirse en la punta de lanza de una ofensiva de los grupos dominantes que, con acciones como esta, pretenden dejar claro que no están dispuestos a aceptar medidas que le devuelven al sector público capacidad de incidir sobre las ciegas leyes del mercado", analizó la central.
Ante eso, propusieron que los beneficiados por el modelo de empobrecimiento y fuga de Cambiemos aporten de forma extraordinaria a un fondo de emergencia para enfrentar la pandemia. La CTA-T, al igual que el resto de las organizaciones sindicales del país, ya puso a disposición toda su infraestructura hotelera y de salud, diferente de las prepagas, que batallaron mediáticamente contra un decreto que las obligue a prestar servicio a no abonados para no reducir sus multimillonarias ganancias.
Además, el organismo que dirige Yasky planea aportar el porcentaje que se determine de la recaudación de los aportes de sus afiliados. "Esto significa el esfuerzo de los que menos tienen", graficó. Sin embargo, exigió que se financie también de transferencias de los grandes empresarios, para que se redistribuyan los ingresos que concentraron a costa del empobrecimiento de la sociedad. "Estamos convencidos de que al pueblo argentino le asiste el derecho a reclamarle a los que más tienen, un esfuerzo que sea proporcional a la riqueza que detentan", esgrimió.
Las cincuentas personas más ricas de Argentina poseen, en su conjunto U$S 70.040 millones, según Forbes. Si aportaran por única vez el 1,5% de sus fortunas personales se podrían reunir U$S 1.050 millones para ese fondo. Es decir, un monto equivalente al que haría falta para adquirir 90.000 respiradores o 50.000 equipos para test de coronavirus o 1.000.000 de internaciones en terapia intensiva.
La propuesta de la CTA-T, tanto logística como políticamente, puede llevarse a cabo. El intendente de Castelli, provincia de Buenos Aires, Francisco Echarren, creó un fondo de emergencia. Se financiará, en parte, con una suma extraída del salario suyo y de los concejales, y el resto por los productores agropecuarios, a la razón de entre $ 9.000 y $ 36.000 cada uno, de acuerdo al tamaño del campo.
La evasión impositiva de las grandes corporaciones y millonarios asciende a U$S 21.400 millones en el país, de acuerdo a un estudio de la Red por la Justicia Impositiva publicado por El Destape. De acuerdo a los cálculos, Argentina está quinto en el mundo y las 52 offshores vinculadas a la familia Macri colaboraron para llevarla a ese lugar.
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