La Cámara Federal porteña revocó hoy los procesamiento que pesaban sobre el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en la causa por supuestos beneficios otorgados a la empresa Shell, durante la gestión del primero como funcionario público, informaron fuentes judiciales.
La sala II del tribunal de apelaciones les dictó la falta de mérito a ambos ex funcionarios y le encomendó al juez Luis Rodríguez profundizar la investigación.
Ambos funcionarios macristas resultaron así beneficiados por el fallo de la Cámara, pero seguirán investigados en el marco de la causa sobre presuntos beneficios indebidos hacia Shell por parte de la gestión de Aranguren, y presunto encubrimiento de Alonso como titular de la Oficina Anticorrupción. Tanto Alonso como Aranguren habían apelado los procesamientos en primera instancia en el último día hábil de 2019.
La causa se inició por una investigación, iniciada en 2016 por una denuncia de los legisladores Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, para determinar si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en relación con las decisiones tomadas durante su gestión que habrían apuntado a beneficiar a la petrolera Shell en operaciones de compra de gas a Chile, lo que supondría para él un beneficio económico al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC. Un hecho con el que habría incurrido en “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses”.
Ahora, ambos funcionarios seguirán siendo investigados para determinar eventuales responsabilidades en el entramado que denunciaron los por entonces diputados del FpV.
El fallo de procesamiento
En su fallo, el titular del juzgado federal Nº 9 con asiento en los tribunales de Comodoro Py, decidió que “existen elementos suficientes que permiten con el grado de certeza requerido para esta etapa de instrucción” avanzar con los procesamientos.
Rodríguez estimó que la conducta del exministro, que ejerció el cargo entre el 10 diciembre de 2015 hasta junio de 2018, “encuadra prima facie en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, reiterado en dos oportunidades”, como relató Franco Mizrahi en este medio.
A su vez, consideró que “el accionar reprochado a Laura Alonso encuadra en el delito de encubrimiento para ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, agravado por ser funcionaria pública, en concurso ideal, con el delito de abuso de autoridad, en calidad de autora material”. En criollo: que como titular de la OA decidió mirar para otro lado y dejar que se concretara el delito que se le adjudica a Aranguren cuando era ministro.
El 6 de diciembre, en su cuenta de Twitter, Alonso adelantó: "Apelaremos un procesamiento político e injusto. Sin evidencias ni pruebas. Totalmente armado y con intencionalidad política. No hay que ser muy vivo para darse cuenta quiénes vienen por la venganza y el “lawfare”".
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