El senador nacional por Jujuy, Guillermo Snopek, denunció que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, Pablo Baca, le envió una carta documento para que se retracte de sus quejas contra el Poder de ese distrito y amenazó con someterlo a un proceso legal. Por eso, presentó un proyecto de ley para declarar la intervención federal por un año.
Snopek solicitó una cuestión de privilegio antes de iniciar el debate por el pliego de los Embajadores argentinos y mostró una carta documento recibida por Pablo Baca. Allí, dijo, le pidió que se "retracte de dichos y opiniones vertidas en este recinto en el año 2018, reiterados en 2019", referidos a la discrecionalidad de la Justicia, arbitrariedad y falta del debido proceso en Jujuy. Queja que presentó ante la Legislatura, que "ni siquiera le dio estado parlamentario".
El senador esgrimió que ese parecía un problema provincial pero en diciembre, la diputada Clara de Langhe Falcone, que estaba presidiendo el TSJ, aseguró "en un ámbito público que no iba a otorgar libertades por mero mantenimiento del orden en nuestra provincia, cosa que tiene que expresarlo en los fallos judiciales y no por la voluntad política". Por este hecho, fue removida de la titularidad del organismo pero no como miembro integrante.
Con ese antecedente, y conocidos los audios de Baca planteando que no liberará a Milagro Sala pese a no tener pruebas y por orden de Gerardo Morales, aseguró que éste le envió una carta documento diciéndole que lo "va a someter a la Justicia que él preside y que manejaba", en pasado porque pidió licencia ante el escándalo revelado por El Cohete a la Luna.
Pese a ello, el senador denunció que "la provincia no formalizó ni regularizó la Justicia. No lo hizo la Legislatura tampoco", por lo que presentó un proyecto en el Congreso nacional "para utilizar los remedios federales y que todos puedan meritar lo que se vive y la falta de división de Poderes, que sí es responsabilidad de este cuerpo".
Por eso, solicitó la intervención con el objetivo de "garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino". Será el Ejecutivo nacional el que deba designar al interventor y declarar en comisión a los miembros de la Corte provincial, del Ministerio Público y a los magistrados de los tribunales inferiores, según publicó Télam.
Si bien la intervención "no podrá ejercer por sí la función judicial", sí "tendrá la facultad de suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público y la de designar a sus nuevos reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional del Poder Judicial".
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