Tres certezas se constataron desde diciembre, cada vez que el oficialismo acudió al Congreso con proyectos legislativos de factura propia. La primera, es que el debate atravesó al medio la coalición opositora. Cada vez, hubo diferencias públicas entre distintos sectores de Juntos por el Cambio. La segunda es que esa compulsa interna se saldó siempre a favor del sector más intransigente, en general con la ayuda inestimable de medios de comunicación que funcionan como house organ de las voces más críticas y asordinan las otras. Tres: que a pesar de eso, y aunque hubo momentos de zozobra, todas las leyes que impulsó el gobierno tuvieron un trámite exitoso y fueron sancionadas.
El primero de esos postulados volvió a demostrarse ahora, cuando la discusión sobre cómo debe funcionar el Poder Legislativo en el marco de la cuarentena (y el debate de fondo, que es el impuesto a las grandes fortunas) volvió a marcar diferencias importantes al interior de la alianza entre el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, pero también dentro de cada uno de esos partidos. Mientras que hubo diputados radicales y amarillos que llegaron a presentar sus propios proyectos para que el Congreso trabaje a distancia, otros se oponen férreamente a ninguna solución que no sea una sesión presencial. Otros, como Mario Negri, pasaron de proponer lo primero a exigir lo segundo.
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El jefe de la bancada de la UCR quedó en el centro de la tormenta cuando planteó que la próxima sesión de la cámara debe ser presencial. “La semana que viene nos reuniremos todos en Buenos Aires para intentar sesionar. Estamos dispuestos a analizar futuras sesiones remotas, pero la semana que viene debe hacerse presencial", dijo en una entrevista a TN, en la que sostuvo que no es posible que sesione el cuerpo de manera virtual porque es el propio cuerpo de la cámara quien está facultado para hacer las modificaciones necesarias al reglamento. “Dicen que somos nosotros los que no queremos sesionar. Elijan la cancha de River o Boca pero convoquen!", arengó el diputado.
El problema es que el propio Negri se había manifestado en el sentido contrario en la videoconferencia entre jefes de bloque que se realizó ni bien decretada la cuarentena para trazar las pautas de trabajo durante el período de excepción. “Poner en movimiento el pleno no son 200 diputados solo sentados. Significa seguridad, significa logística, significa taquígrafos. Y además, la movilidad. Y nosotros le estamos pidiendo a la gente que se guarde. Entonces, si tenemos mecanismos que podemos funcionar y tenemos firma digital, por supuesto que si el gobierno lo requiere y es urgente, está toda la predisposición”, había asegurado en aquella ocasión.
En la cámara, leen el cambio de opinión de Negri como una maniobra para demorar la actividad parlamentaria: incluso en caso de que se pudiera organizar con tan poca antelación el movimiento de los legisladores y todos los trabajadores necesarios para montar una sesión en la cancha de River, el Teatro Colón o el Centro Cultural Kirchner, hay una cantidad de diputados que no asistirá, ya sea por la edad o por tener condiciones preexistentes que los ponga en grupos de riesgo, o por la distancia y las dificultades para el traslado, o simplemente por motivos políticos. “Sería dificilísimo garantizar un quórum en esas circunstancias”, estiman desde el bloque oficialista.
Es demasiado pronto aún para corroborar el segundo postulado, ese que observa la preeminencia constante del sector más radicalizado por sobre los negociadores. Sin embargo, ayer por la tarde los halcones se quedaron con una módica victoria, al conseguir que todo el bloque respalde un documento dirigido a Massa, donde le exigen que convoque a sesiones presenciales, aunque sin cerrar la puerta a pasar a la virtualidad en el futuro. Las líneas internas se dividen con un patrón muy claro. Quienes responden a dirigentes con responsabilidad institucional, quieren una salida política. En cambio, “los que no gobiernan tiran piedras”. El textual salió de la propia bancada de JxC.
De los tres jefes de bloque opositores, el más reacio a firmar la carta fue Christian Ritondo, del PRO. Horacio Rodríguez Larreta necesita en la ciudad de Buenos Aires del financiamiento que sólo puede conseguirse a través de nuevas leyes. María Eugenia Vidal, socia preferencial del jefe de gobierno porteño, esta semana rompió sus votos de silencio para hablar con varios diputados de su tropa y pedirles moderación. Otros históricos del PRO, como Pablo Tonelli, miembro del consejo de la magistratura, también se manifestaron a favor de sesionar a distancia. En cambio, el ala que responde a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, con Waldo Wolff y Fernando Iglesias a la cabeza, se opone, para variar.
Dentro del radicalismo también hay diferencias. Su titular, el diputado Alfredo Cornejo, había pedido hace dos semanas que el Congreso funcione de manera virtual y firmó un proyecto, redactado por su correligionario Alejandro Cacace, para habilitar esa modalidad. Cornejo y Negri mantienen un enfrentamiento desde hace años, que ahora tensiona el bloque radical en la cámara baja. El mendocino representa a un grupo de legisladores que cree que es preferible negociar con el oficialismo un temario consensuado y sesionar de forma virtual porque no tienen los números para evitar que el Frente de Todos sesione con su agenda.
Esa es la tercera de las tres constantes que se verifican desde diciembre y que resta por comprobar: al sector más intransigente de Juntos por el Cambio tiene fuerza suficiente para imponerse en la interna pero por ahora no consiguió bloquear la mayoría del oficialismo en la cámara baja. Para eso dependen de la colaboración de los bloques provinciales que por ahora articularon siempre con el gobierno. Esta vez no será distinto: los principales referentes de esos espacios, el mendocino José Luis Ramón y el bonaerense Eduardo Bucca ya salieron a cruzar a Negri por su doble discurso. Los bloques que ellos encabezan acompañarán cuando se realice la sesión virtual.
Luego de recibir la carta de Juntos por el Cambio, Sergio Massa convocó para el lunes a la comisión de Labor Parlamentaria, que se reunirá de manera presencial. Tiene garantizado el quórum de diez y cree que están dadas las condiciones, técnicas y políticas, para avanzar, en acuerdo con representantes “de todos los bloques”. El plan es aprobar un nuevo reglamento, que habilite una sesión virtual, ad referendum de la ratificación por parte del cuerpo una vez que estén todos online. Será, también, la prueba de fuego para el sistema, confeccionado con participación de Arsat y el ReNaPer. Si funciona, en mayo se utilizará para discutir las leyes que necesita el gobierno para combatir la pandemia.