Así lo revelaron a la agencia DyN fuentes judiciales, tras la conferencia a la prensa ofrecida ayer por Arroyo Salgado para anunciar su hipótesis sobre que Nisman fue asesinado.
El lunes pasado, la fiscal Viviana Fein había convocado a especialistas del departamento de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal para comenzar con el análisis de los teléfonos celulares, Nextel y dispositivos informáticos hallados en el departamento de la torre Le Parc de Puerto Madero.
El procedimiento se inició con la apertura de los paquetes que contenían los dispositivos y la certificación de que efectivamente se correspondían con la documentación registrada en la causa, es decir una forma de constatar que se tratara de los mismos elementos.
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Pero antes de que los dispositivos fueran encendidos para realizar el peritaje, la jueza Arroyo Salgado presentó un escrito advirtiendo sobre la eventualidad de que en esos aparatos existiera contenido de tipo personal de Nisman que no tuviera interés para la investigación y reclamando que permaneciera en reserva.
Arroyo Salgado -revelaron las fuentes- invocó el artículo 235 del Código Procesal Penal, que establece sobre el "secuestro" y la "apertura y examen de correspondencia".
"Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el juez procederá a su apertura en presencia del secretario, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá, por sí, el contenido de la correspondencia. Si tuvieren relación con el proceso, ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia", indica.
En ese contexto, la fiscal Fein se vio obligada a suspender la diligencia y darle intervención a la jueza Fabiana Palmaghini, para que resolviera cómo y de qué forma continuaría el peritaje, y bajo qué resguardos para preservar la intimidad de la familia de Nisman.
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