Mañana se cumplirán 12 años de la ley que estableció el final de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento otorgaban inmunidad a los responsables de delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar.
"Es un día para recordarlo y celebrarlo porque ese día los representantes directos de la sociedad, que son los legisladores y el Poder Ejecutivo, tomaron con coraje, convicción y responsabilidad la decisión de modificar las leyes y dejar atrás la impunidad", festejó el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.
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El funcionario elogió a Kirchner, quien, según dijo, "sin especulación alguna tomó la decisión de que en la Argentina se resuelvan a través del debido proceso los episodios dramáticos perpetrados por el terrorismo de Estado".
Por su parte, la nieta recuperada, Victoria Montenegro, sostuvo que "es imposible no recordar" esa fecha:
"Los que militamos la política de Derechos Humanos y somosparte de los logros de estos 12 años reivindicamos las políticas que permitieron terminar con la impunidad y de hacernos cargo como Estado de lo que sucedió en este país", aseguró.
Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida habían sido promulgadas por el expresidente Raúl Alfonsín en 1986 y 1987 respectivamente, clausurando una política de Estado que se había iniciado al comienzo de su gestión con los recordados juicios a la Juntas. Desde la caducidad de las leyes de impunidad, se desarrollan en el país 13 juicios orales y públicos y se estima que se inicien otros dos procesos antes de fin de año en Catamarca y Salta.
La Ley de Punto Final (23.492) implicó el freno de los juicios contra los acusados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura. En tanto, la Ley de Obediencia Debida (23.521) declaró la amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas para que en su momento incurrieron en delitos a instancias de sus superiores, por haber cumplido órdenes.
Dos años después de haber sido dictada la nulidad de las "leyes del perdón", el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes.
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