Como un coletazo previsible después de una semana de incertidumbre y disparada del dólar, la crisis económica que generó un tembladeral en el gobierno nacional también tuvo un impacto en la transición política que vive Santa Fe, donde los números empiezan a preocupar.
Es que gran parte de las medidas que anunció Mauricio Macri como una forma de aliviar los bolsillos para no arrojar la toalla de cara a octubre y como modo de evitar una catástrofe social está asentada sobre un esfuerzo fiscal hecho por las provincias, a través de la baja de impuestos nacionales coparticipables como el Impuesto al Valor Agregado, Ganancias y el Monotributo.
Los funcionarios santafesinos están preocupados por esas decisiones del gobierno de Cambiemos, que afectarán la recaudación y dañará en consecuencia el presupuesto provincial. Es que si el país atravesaba hasta la semana pasada una situación económica compleja, que combinaba un contexto recesivo de la mano de un proceso inflacionario agudo, luego de la debacle post PASO ambas variables se agravaron. Las autoridades de las áreas económicas locales ven entonces con estupor cómo la recaudación crece a un ritmo mucho menor que los gastos, poniendo en peligro el equilibrio en las cuentas.
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Déficit y ajuste
El equipo de transición del gobernador electo Omar Perotti ya había advertido que el déficit de la provincia se ubica en la temible suma de 10.500 millones, pero Rubén Michlig, el contador que planifica las cifras que recibirá el nuevo gobierno dentro de esta comisión, dijo a El Destape que estima que el 10 de diciembre se ubicará “alrededor de 25 mil millones”.
Como consecuencia de los anuncios de Macri, Santa Fe dispondrá de 2535 millones de pesos menos según un informe de la Comisión Federal de Impuestos (es la segunda con más pérdidas a nivel nominal, después de Buenos Aires), pero Michlig advierte que llegará a casi 4000 millones incluyendo lo que se pierda por IVA.
“A esto habrá que sumarle un año de agravamiento de la caída de recaudación en términos reales, que anda por un 10 o 15% mensual. El impacto que tendrá ese valor hoy es imposible de calcular, porque puede haber todavía mayor recesión, y porque tenemos que ver si el gobernador cierra el grifo”, dijo el ex ministro coordinador de Jorge Obeid,
Michlig desmintió además -como circuló en algunos medios- haber puesto en duda la cláusula gatillo para los empleados estatales luego del 10 de diciembre: "No descartamos ninguna herramienta de actualización, lo que dije fue que no sabemos cuánto va a valer un paquete de yerba dentro de seis meses ni con qué panorama nos vamos a encontrar al asumir", aclaró.
Desde la gestión de Miguel Lifschitz también reclaman un giro de 5800 millones por la Caja de Jubilaciones que Nación debería haber enviado hace meses. Todo se suma a anteriores recortes nacionales que también impactaron en las arcas públicas de la provincia, como el que sufrió el fondo sojero, los subsidios a la energía y el transporte, y la histórica deuda que la Nación tiene con Santa Fe por la retracción de fondos para Ansés, que nunca fue abonada pese a las promesas del ministro del Interior Rogelio Frigerio.
Todo parado
Las primeras consecuencias ya están a la vista. La obra pública fue uno de los motores de la gestión de Lifschitz y uno de los principales tótems de la campaña del Frente Progresista para las elecciones de junio. Ahora, ante la incertidumbre generada por los recortes de Nación, advirtieron que se desaceleraría este impulso.
"Esto ralentizará algunas obras, paralizará otras y detendrá el inicio de las licitaciones programadas y presupuestadas, dijo a este medio Rubén Llenas, titular de la delegación rosarina de la Cámara de la Construcción. La entidad advirtió también que el recorte pone en peligro 2.000 empleos en toda la provincia, donde hay 40 mil trabajadores registrados. “La frazada es corta. ¿Cómo pagas sueldos en este contexto atendiendo al mismo tiempo obra pública?”, dijo un dirigente que pidió reserva de su identidad.
Es que ya hay problemas para pagar sueldos en comunas y municipios, y la semana pasada se produjeron cortes de calles y rutas como protesta de los sindicatos municipales en cinco localidades. Pero, según el gremio rosarino, ya son 30 las ciudades y pueblos que tienen dificultades para abonar aguinaldos y salarios. El ajuste ya llegó hasta Rosario, la que cuenta con más recursos de la provincia, donde la intendenta Mónica Fein anunció medidas para ahorrar unos 600 millones de pesos y llegar a fin de año sin sobresaltos.
En tanto, este miércoles por la mañana se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) los gobernadores del PJ (y otros no oficialistas, como Lifschitz) por primera vez luego del resultado de las primarias, y en particular para discutir qué postura tomar ante estos recortes. El espacio quedó fortalecido luego del triunfo de Alberto Fernández, y una posición conjunta de las provincias podría tener la suficiente fuerza como para negociar alguna marcha atrás con Nación.
"Le vamos a pedir una compensación al gobierno, una alternativa sería que distribuya la mayor recaudación que va a tener por retención a las exportaciones", dijo el mandatario santafesino, quien calificó de "improvisadas" e "inconsultas" las medidas del Ejecutivo nacional. El socialista firmó además el duro documento que solicita a Macri que retrotraiga esas decisiones, y que podría derivar en una presentación judicial.
*Nicolás Maggi es corresponsal de El Destape en Santa Fe.
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