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La causa había comenzado a partir de una denuncia presentada por la referente del ARI en Santa Cruz, Mariana Zuvic, mientras que el fallo fue dictado por la jueza de instrucción de Río Gallegos, María Valeria López Leston, quien siguió el dictamen favorable de los acusados que había emitido anteriormente el fiscal Gabriel Giordano, al considerar que "en la causa no se acreditaron hechos de corrupción".
"De las 1.464 obras que se han otorgado en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2013 sólo se ha adjudicado a las empresas en mira 108, es decir el 7,3 por ciento", sostuvo el fallo.
Y aseguró que las se realizaron "cumpliendo rigurosamente mediante procedimientos de licitación pública sin que las mismas hayan merecido objeciones de los órganos de control competentes".
También fue descartada la acusación por los sobreprecios en la obra pública ya que para el fiscal, la aplicación de incrementos frente a los pautado, lo que está establecido en el "decreto 1295/02 el cual establece el mecanismo para ello sobre las tablas publicadas mensualmente por el INDEC tomando como base los índices de la construcción y los precios internos mayoristas".
"El análisis de los cargos formulados sobre la imputación genérica sobre la existencia de sobreprecios y la cartelización conduce a descartar una presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos y los procesos de licitación publica para la adjudicación de obras públicas por parte de los funcionarios sindicados", añade el fallo.
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