Salta: el intendente PRO, Gustavo Sáenz, justificó maniobras de corrupción en su municipio

En medio del escándalo desatado por el armado de una asociación ilícita para ocultar el vaciamiento de fondos públicos, el intendente PRO de Salta capital, Gustavo Sáenz, intentó justificar las maniobras de corrupción y aseguró que "no es ilegal" que 26 empresas hayan facturado millones de pesos al municipio desde el edificio de Gobierno.

En una rueda de prensa, el 28 de mayo, Sáenz justificó: "Acá viene gente todos los días y es una práctica que venía haciéndose. No debe hacerse, pero no es ilegal". Concretamente fue cuestionado porque, según una investigación judicial basada en una denuncia de la AFIP a la que accedió El Destape,  "26 empresas facturaron al municipio desde esa misma IP por un importe total de $121.645.345” desde enero de 2017 a agosto de 2018. Además, en el mismo período hicieron lo mismo, “incluyendo otras IP, por un total de $422.238.276”.

El intendente PRO argumentó que "venía gente que era proveedora de la Municipalidad. Acá hay una IP, entonces decían 'necesito imprimir la factura' como proveedor y le pedían a algún municipal que le de la clave de wifi para hacerlo". Según su razonamiento, casi 30 compañías optaron por imprimir sus comprobantes en el palacio de Gobierno.

Para el mandatario, los más de $121 millones facturados desde la IP del municipio no fueron ilegales ni en base a facturas truchas. "Como es electrónica, la imprimían acá. Todas esas facturas, nosotros tenemos controles de AFIP, de Rentas, somos agentes de retención, no son facturas truchas. Se pagaron todas las retenciones, se hicieron esas obras".

Según su línea argumental, las facturas se generaron en la casa de Gobierno porque "una persona que vivía en San Luis o en otro lado, venía a la Municipalidad y decía 'me tengo que volver hasta allá para imprimirla. Te doy mi número de CUIT'". Para Sáenz, se trató de una "gauchada". Pese a ello, se preguntó: "¿Corresponde? No corresponde ¿Es legal? No es ilegal. Lo que sí determinamos, una vez que nos dimos con eso, es sacar un memorándum y no permitir que nadie pueda hacer eso acá".

La pesquisa analizó los movimientos y contrataciones de 2017 y 2018, con facturas, testimonios y escuchas a los implicados. En esos períodos se detectó una “faceta delictiva” que “operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras de “papel” (legales pero insolventes al no tener bienes registrables, compras ni empleados) que ocultan a sus verdaderos titulares para, con la connivencia de funcionarios públicos, resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecio, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento a su favor”, según el documento legal al que accedió El Destape.

Según el juez federal Julio Leonardo Bavio, se encontró que “en muchos casos la utilización de facturas apócrifas (duplicadas) tendría el propósito de ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos”. La empresa que está en el ojo de la tormenta, junto al Municipio, es SEC S.A., una sociedad anónima a cargo de Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz, ambos insolventes.

Pese a declarar sólo un trabajador registrado y no tener bienes, la Municipalidad de Sáenz les otorgó importantes licitaciones que llevaron a revelar un “presunto direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios provinciales – y municipales – hacia las empresas relacionadas” con Matías Huergo, presunto titular de la empresa, tras la fachada de Romero y Muñoz.

Además, la investigación reveló que la compañía de Huergo facturó ocho comprobantes tipo B, de abril a junio de 2017, desde la propia Municipalidad de Salta. Así se constató por medio de un entrecruzamiento de datos de la AFIP y la IP de la casa de Gobierno. Éstas correspondían a Certificaciones de Obras por la provisión e instalación de farolas o luminarias en distintos puntos de la Ciudad. En esos meses, la empresa facturó un total de $8.632.540 al municipio de Sáenz. Ésto no fue desmentido por el intendente, que reconoció que se trató de casi 30 empresas que hicieron lo mismo que SEC S.A.