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"Le quieren echar la culpa a los bolseros publicitarios, al igual que en el caso Niembro", afirmó el denunciante. La carátula de la demanda, a la que tuvo acceso El Destape, es por el delito de encubrimiento, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos, en la cual figuran como denunciados Macri, su vicejefa y candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el secretario de Medios, Miguel Ángel Godoy, y el secretario de Comunicación Social, Pablo Facundo Gaytan.
En diálogo con este medio, Valenzuela anticipó que no recibió "ningún tipo de respuesta ni explicación" por parte de los funcionarios implicados en el caso, y expresó: "El PRO tira la pelota afuera hasta después de las elecciones, pero se les nota la preocupación porque la causa sigue su curso".
En este sentido, en la propia causa que la jueza Skanata, de Posadas, remitió ayer a Capital, se adjunta "un informe" bajo la firma que la propia vicejefa de gobierno realizó ante su juzgado: "Vidal presentó un descargo al que no tuvimos acceso, pero que de todas formas no resultó suficiente para que la causa se detuviera", detalló Valenzuela.
Además, para este viernes se esperaba la presencia del candidato presidencial en Posadas. Sin embargo, decidió cancelar su visita a último momento: "Macri no vino a Misiones porque la causa es tema central acá", expresó el titular de Canal 4 de la capital provincial.
La señal es una de los ocho medios que, hasta el momento, denunciaron públicamente al gobierno de la Ciudad por figurar como beneficiarios de millonarias cifras que nunca percibieron: en su caso, unos $211.701,60 en 2012; $2.163.325,75 en 2013 y otros $2.935.419,10 en 2014, totalizando así más 5 millones en tan sólo tres años, según la información expuesta por el propio GCBA en su página web.
¿Qué significa el delito de Encubrimiento y Malversación de caudales públicos y cuál es la pena que prevé el Código Penal?
El delito de Encubrimiento está tipificado en el artículo 277 del Código Penal, y prevé de una pena de prisión de entre 6 meses y 3 tres años para "aquel funcionario que ayude, participe, oculte o altere investigaciones de la autoridad, adquiera, reciba u oculte dinero, cosas o efectos provenientes de un delito, o no denunciara la perpetración de un delito".
Además, la escala penal puede ser aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando "el hecho precedente fuera un delito especialmente grave, el autor actuare con ánimo de lucro o se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento".
Por su parte, el artículo 261 del Código (malversación de caudales públicos) describe que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
A su vez, agrega que también "será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".
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