Es que, durante sus ocho años de gestión, Mauricio Macri evitó darle entidad al barrio y a las personas que habitan en él, dados los intereses inmobiliarios en la zona: "La empresa IRSA presentó en 2012 un ambicioso plan de inversiones en la zona que no resulta "compatible" con la villa ubicada en el costado de la reserva ecológica, por lo que, la administración porteña insiste en que el barrio "no es una zona habitable" para así desalojar a los vecinos y dar lugar a los negocios en la zona", relató en diálogo con El Destape Bautista, uno de los vecinos que residen en el barrio desde hace más de 20 años.
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Actualmente, el gobierno nacional y porteño se niegan a urbanizar el lugar y sólo asisten a los habitantes en caso de emergencias extremas, al punto tal que el barrio no cuenta con una salita para atenderse, así como tampoco de un comedor ni un merendero ante la escalada de precios incesante, bajo el arguemnto que se trata de terrenos pertenecientes a la reserva y que allí no puede haber residentes.
Pese a que en 2011 la jueza Liberatori ordenó urbanizar el barrio, sin embargo y pese a las negativas del GCBA, el caso llegó a manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que Gastón, un chico de trece años, cayera a un pozo ciego en la villa. Aquel 10 de marzo, familiares y vecinos intentaron rescatarlo metiéndose en el pozo y lograron sacarlo, aunque tras esperar durante más de una hora la ambulancia del SAME, Gastón terminó falleciendo, como consecuencia del abandono estatal.
Hoy por hoy, los vecinos de la villa Rodrigo Bueno se sienten aún más excluidos y denuncian que la ausencia del Estado se siente aún más en los últimos meses: es que a diferencia de lo que sucede en otras villas, los habitantes del barrio deben ingeniárselas solos para construir sus propios drenajes para evitar las inundaciones, su centro comunitario o su propia cancha de fútbol. Y ahora, ante la escalada de la inflación y el desempleo, a los reclamos habituales se les suma la necesidad de un comedor y un merendero como medida paleativa.
En 2012, la Universidad de Buenos Aires recomendó la urbanización y una jueza ordenó al Gobierno porteño que la llevara a cabo, aunque éste apeló y consideró que se trataba "de un disparate"
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