Ricardo PRO Lavedra: El oscuro abogado que maneja los destinos judiciales de Cambiemos

18 de mayo, 2018 | 21.20

Ricardo Gil Lavedra oficia, a esta altura, como el abogado todoterreno de Cambiemos. Sus tentáculos llegan a buena parte de las turbulencias judiciales que le interesan al Gobierno, aún cuando está de ambos lados del mostrador. Mientras de desempeña como asesor “ad honorem” del ministro de Justicia, Germán Garavano, Gil Lavedra fue contratado en forma privada por la AFIP por más de 4 millones de pesos para representarla en la causa contra Cristóbal López. Antes se hizo tiempo para defender a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa nunca aclarada del dinero sin declarar que tenía su casa, fruto del reboleo de billetes entre las fundaciones PRO. Ahora se conoce que también asesora a Odebrecht, el gigante brasilero que está negociando con el Gobierno la entrega de información. Con todo esto, Gil Lavedra también cumple una constumbre cambiemita: dejar buena parte de su patrimonio en el exterior. Al parecer, no tiene nada de gil y mucho de PRO.

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Cuatro millones a dedo

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La intervención del Gobierno de Mauricio Macri en las causas judiciales que involucran a Cristóbal López y Fabián de Sousa es, a esta altura, vox populi. Pero no sólo presionó para catapultar fuera de Comodoro Py a los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que habían dispuesto la liberación de los empresarios, sino que puso a Gil Lavedra como abogado de la propia AFIP, pese a que en el organismo sobran abogados para hacerse cargo del caso.

El derrotero de esta designación fue el siguiente. La AFIP le pidió a la Procuración del Tesoro, que es la cabeza de los abogados del Estado, que opinara sobre la contratación de Gil Lavedra. En la Procuración del Tesoro aún estaba Carlos Balbín, que salió luego eyectado por el combo Correo Argentino y Odebrecht. Pero, en este caso, siguió la línea presidencial.

Según la documentación a la que accedió El Destape, la AFIP planteó que “no cuenta con profesionales que se encuentren en condiciones de asumir una querella, en un tema de la relevancia y complejidad como el que se debate en la causa”.

Sumado a esto, la AFIP argumentó “que, sin perjuicio de la probada idoneidad en materia penal de los profesionales que prestan servicios en el equipo penal, los mismos tienen a su cargo la defensa institucional en otros expedientes de algunos de los imputados en la causa del asunto. En consecuencia, resultaría reñido con las normas vinculadas con el ejercicio profesional su desempeño como querellantes en esta causa”. En resumen, dicen que como los abogados defienden a la AFIP en otras causas no pueden ahora acusar a Ricardo Echegaray.

Según los documentos que obtuvo El Destape, la AFIP primero solicitó 3 currículums pero luego, sin aclarar porqué, decidieron que “tal prestación sea brindada por el Dr. R G L (así consta en la documentación, con sus siglas), cuya trayectoria es de público conocimiento, siendo el perfil del nombrado profesional el más adecuado para llevar a cabo la labor necesaria para la mejor defensa de los intereses del organismo en la causa en cuestión”.

Luego, procedieron a la Apertura de la Contratación Directa en la cuál, según los documentos, “se registra como única oferta ingresada (…) un monto total de $2.178.000”. O sea, eligieron a Gil Lavedra a dedo y luego aceptaron su oferta única.

El Destape hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer más detalles de esta u otra contratación a Gil Lavedra por parte del Estado. La respuesta fue que la contratación de AFIP fue prorrogada por el mismo importe, 2.178.000 pesos, por lo que Gil Lavedra recibió al menos 4.356.000 pesos por esta causa.

Costumbres Cambiemitas

Gil Lavedra es presidente del Consejo Consultivo del Programa Justicia 2020, el proyecto que el ministro Garavano trae de su paso por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), institución de lobby creada en plena dictadura para su soporte cívico-legal.

En su declaración jurada, Gil Lavedra informó: “Cabe aclarar que desempeño un cargo honorario (presidente de un Consejo Consultivo) sin administración ni manejo alguno de dineros públicos. Se trata de una tarea al servicio del Estado. Una función pública desempañada por una persona que no tiene carácter de funcionario público”. Si bien presenta la declaración como cualquier otro funcionario público, es al menos cuestionable que sea asesor “ad honorem” del Gobierno mientras cobra del mismo Gobierno por otra ventanilla, la de AFIP.

Pero la declaración jurada de Gil Lavedra muestra otra costumbre cambiemita. Su patrimonio trepa a finales de 2016 (la última declaración presentada) a 57 millones de pesos, cuando en 2015 tenía 31 millones. Un crecimiento del 83%.

Gil Lavedra tiene el 30% de su patrimonio en el exterior. Pero lo más interesante es que declara 5 cuentas en Suiza, dos en cero pero las demás que suman más de 9 millones de pesos. Según la organización Tax Justice Network, Suiza es la guarida fiscal más opaca del mundo.

Como si fuera poco, Gil Lavedra asesoró al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en la acusación contra la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

También Odebrecht

Por si todas estas relaciones quedaran cortas, el diario La Nación reveló que Gil Lavedra asesoró a Odebrecht en sus negociaciones para que sus ejecutivos declaren en Argentina sin que se les inicien procesos penales.

Lejos de oponerse al arribo de esa información, la filial argentina de Odebrecht promueve su llegada – escribieron los periodistas Hugo Alconada Mon y Hernán Cappiello- Para evaluar si era posible avanzar con ellos en la Argentina, Odebrecht solicitó un dictamen al jurista Ricardo Gil Lavedra, quien concluyó que ‘la Convención internacional [de las Naciones Unidas] ofrece una base jurídica suficiente para que las autoridades centrales de la Argentina acepten la información contenida en los acuerdos de colaboración, con las limitaciones que se acordaron en Brasil’”.

En este contexto, el asesor del ministro de Justicia, abogado de la vicepresidenta, abogado de la AFIP y parte de la alianza política de Gobierno también asesora a la empresa vinculada al tráfico de coimas en obras que beneficiaron a la familia del presidente. Un revuelto gramajo.