Más de mil familias apostadas en la cuenca Matanza-Riachuelo esperan una respuesta del Estado para mejorar su calidad de vida. Es por eso que el próximo miércoles 14 de marzo a partir de las 10, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se realizará una nueva audiencia en el marco de la causa “Mendoza”, que en el año 2008 ordenó a las autoridades de ACUMAR, el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, la recomposición del daño ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo y fijó entre sus objetivos “la mejora de la calidad de vida” de las personas que viven en la cuenca.
Al igual que ocurrió en la última audiencia celebrada en 2016, y pese al pedido cursado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el máximo tribunal decidió no escuchar a los vecinos y delegados de las villas y asentamientos que viven sobre el camino de sirga.
“Los vecinos siguen sin ser parte del proceso de relocalización y sus derechos continúan siendo vulnerados. La Defensa Pública planteó que uno de los desafíos más importantes en esta causa es procurar la participación efectiva, directa y real de todos aquellos que resulten afectados en su calidad de vida”, señaló el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella.
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Además, recordó que “los vecinos organizados tienen derecho a efectuar consultas y reclamos que permitan la construcción de diálogos en la planificación y ejecución de políticas públicas. Ellos, desde siempre, fuero parte de la solución y no del problema”.
A casi diez años del dictado de la sentencia de la CSJ, restan relocalizar 1.265 de las casi 2084 familias afectadas por la relocalización producto de la liberación del camino de sirga, lo que implica que se ha avanzado solo en un 35%.
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