El retroceso de estos últimos cuatro años en políticas destinadas a la equidad de géneros y a combatir las violencias machistas también se ve reflejado en el presupuesto 2020 que envió Cambiemos al Congreso para que lo discuta el próximo gobierno. Si se observan aquellas partidas presupuestarias con la etiqueta especial PPG, que identifica por segundo año consecutivo la incidencia directa en la disminución de las brechas de género, quedan en evidencia el ajuste y desmantelamiento.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) se tomó el trabajo de analizar, de manera minuciosa, estas partidas en el informe “Presupuesto y género: Una mirada feminista del proyecto de Presupuesto 2020” al que tuvo acceso El Destape. Encontraron recortes en áreas gubernamentales destinadas a la violencia de género, a la educación sexual, a la igualdad laboral y a la entrega de anticonceptivos y tratamientos de salud sexual. Hay partidas que caen en términos nominales y reales. También hay retrocesos en las metas físicas de las distintas carteras.
El estudio pone de manifiesto que la etiqueta PPG -que incluye 29 partidas- suma un total de 227.2 millones de pesos, que representa el 3,64% del total presupuestado. Ese es el porcentaje de incidencia de las políticas específicas en el número total. De ese número -que ya es limitado- el 98% estará destinado a la Asignación Universal por Hijo y a pensiones a madres con más de 7 hijos. Es decir: las partidas de la seguridad social son las que más peso tienen dentro de los tramos que se suponen están destinados a revertir la desigualdad estructural entre varones y mujeres, lesbianas, travestis y trans.
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Del informe de ELA, elaborado por Estefanía Pozzo bajo la coordinación de Lucía Martelotte y Victoria Gallo, se desprende que las partidas que más caerán en términos nominales y reales en la proyección de Cambiemos son las destinadas al Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia (con una caída del 76,37%), al de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (53,6%) y al de Impulso a Políticas Preventivas, Sistemáticas, Sensibles al Género, Integradas y No Discriminatorias cuyo objetivo es la igualdad laboral (43%) para el último de la lista. Estas caídas se estiman en relación al presupuesto actual.
La investigación determinó, a su vez, que de 11 ministerios, sólo 7 son los que cuentan con partidas PPG: Relaciones Exteriores y Culto; Justicia y Derechos Humanos; Desarrollo Social y Salud; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Producción y Trabajo; Defensa y Seguridad. Las carteras que no tienen esta etiqueta son: Interior, Hacienda, Agricultura y Transporte, como tampoco para Presidencia, Jefatura de Gabinete, poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
“Las dependencias que no tienen ninguna partida identificada con la etiqueta PPG en su presupuesto deben avanzar en la identificación y también en la consolidación de las metas físicas como otra de las maneras de dimensionar el trabajo que realizan en la disminución de las desigualdades de género”, señalan las expertas en sus conclusiones.
Según el último presupuesto que propone Cambiemos las partidas PPG tendrán un crecimiento nominal de 50,83%, pero si se tienen en cuenta la inflación de 43,1% proyectada por Hacienda, al momento de la presentación en el Congreso, el crecimiento real será del 5,4%.
Si bien hay un crecimiento de presupuesto para Anses específicamente para la AUH y la pensión a madres con más de 7 hijos -que representa un aumento de 75.442 millones entre este año y el próximo-, la inflación señala que sólo se trata de un crecimiento del 1% que no compensará la caída de al menos 7 puntos que tendrán las asignaciones durante 2019.
Uno de los retrocesos identificados por el estudio de ELA es la imposibilidad de identificar en el proyecto de presupuesto del año que viene la incidencia directa del programa Hacemos Futuro que reemplazó al Hacemos Futuro Juntas, que asimismo reemplazó al Ellas Hacen, que estaba específicamente destinado a mujeres sobrevivientes de violencia machista.
Las alarmas se encienden, también, ante la eliminación de la partida especial que tenía el Indec para elaborar el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer que fue transferido al Instituto Nacional de las Mujeres sin una partida específica ni infraestructura necesaria.
No se trata únicamente de un ajuste económico sino también de un recorte de las metas físicas. En cuanto a las metas físicas, se nota una fuerte disminución de los objetivos en el Ministerio de Justicia.
El informe de ELA pone la linterna, también, sobre la eliminación de los programas de formación laboral para mujeres y personas trans, que en 2019 se habían propuesto llegar a 60.000 titulares del programa "Apoyo al empleo" en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, pero esta meta fue eliminada en el proyecto 2020.
De aprobarse este presupuesto 2020 habrá un recorte de 18,83% en los tratamientos entregados en el programa de Salud Sexual y procreación responsable, porque pasó de un objetivo de 10,7 millones en 2019 a 8,6 millones en 2020. Además está previsto un recorte de 18,9% en la entrega de preservativos para 2020.
El análisis de las expertas deja en claro la subejecución de varias de las partidas en lo que va del año. Por ejemplo, del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PPG) el Instituto Nacional de las Mujeres solo ejecutó el 4,9% a septiembre de este año. La secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solo ejecutó el 37,4 por ciento en lo que respecta a la Protección de víctimas de violencia (PPG).
Esta propuesta será el piso de discusión que tendrá el Congreso para aprobar un presupuesto de cara al año próximo. Las organizaciones feministas, como ELA, ya están alertas para que no se pierdan de vista estos recortes y ajustes que tienen un impacto real en la vida digna de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias.
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